Si con la Ley Orgánica de Partidos Políticos nos dotamos de un instrumento para evitar la existencia de partidos políticos que intenten destruir el régimen democrático y nuestras libertades es extraño que no se intente utilizar esta vía para evitar que tanto ANV como el PCTV sigan en funcionamiento y se logren presentar a las elecciones de marzo, como ya ha anunciado este 12 de enero ANV. Pero esta misma Ley Orgánica obliga a que sea el Gobierno y el Ministerio Fiscal quienes insten esta ilegalización, algo que no parece terminar de concretarse.
Si bien es cierto que aún hay tiempo, puesto que vía cautelar la Sala Especial del Tribunal Supremo puede suspender las actividades del partido político objeto del procedimiento de ilegalización, no hubiera estado de más que se hubiera presentado ya esta demanda por la fiscalía, y más cuando en el acto de este sábado se rindió homenaje a los dos últimos detenidos de ETA, la semana pasada en Mondragón, homenaje que no deja de ser una manifestación más, otra más, de la relación entre ANV y el entorno terrorista.
En cualquier caso, además de esta vía, con su posible suspensión cautelar e imposibilidad de presentarse a las elecciones mientras no se decida sobre su posible ilegalización, queda abierta la vía de entender que ANV o PCTV no son más que sucesores de la extinta y ya ilegalizada Batasuna, lo que puede dar lugar a que el Tribunal Supremo, vía artículo 12 de la citada Ley Orgánica de Partidos Políticos, declare “la improcedencia de la continuidad o sucesión de un partido disuelto”. Todo ello sin perjuicio de la utilización de la vía penal, de conformidad con el ya utilizado artículo 129 del Código Penal, que puede conllevar igualmente la suspensión de actividades tanto del PCTV como de ANV.
Pero, como he indicado más arriba, la vía más correcta hubiera sido iniciar con tiempo suficiente el proceso de ilegalización tanto del PCTV como de ANV, con el fin de tener ya resuelta la ilegalización de estas formaciones con anterioridad al periodo electoral, y más cuando el sentido común nos indica que ambas formaciones no son más que sucesores de la marca política de ETA, es decir, de Batasuna, y su existencia actual ha tenido el efecto de hacer que nuevamente existan plataformas políticas que apoyen a la organización terrorista.
