El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha inadmitido la demanda presentada por el Gobierno Vasco contra la Ley de Partidos. Y ello de acuerdo con una circunstancia procesal que puede parecer intrascendente, pero que al PNV le tiene que hacer recapacitar: El Gobierno Vasco es parte de España y como parte de España que es no tiene legitimación para actuar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el mismo Estado al que pertenece.
El artículo 33 del Convenio de Roma indica que cualquier Estado puede demandar a otro Estado parte del Convenio –no es este el caso– y el artículo 34 –el precepto siguiente– limita las demandas individuales a cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación del Convenio para la Protección de los Derechos Fundamentales y la Libertades Públicas, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950.
En cualquier caso, el Gobierno vasco o bien entendía que estaba recurriendo la Ley Orgánica de Partidos Políticos como si fuera la legislación de otro Estado, algo que no es muy defendible, o bien actuaba como particular afectado por la indicada Ley Orgánica y su consiguiente aplicación. Es decir, actuaba como si de la propia Batasuna se tratase, defendiendo sus posiciones. Desde luego, este punto es, desde el punto de vista jurídico, indefendible, como le ha contestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; pero desde el punto de vista político es, además, deleznable. Si el Gobierno vasco, el PNV, tiene que elegir entre la compañía de Batasuna y del Gobierno español, no lo duda, defiende las posiciones de Batasuna. Muy clarificador.