Los problemas de Air Madrid no son nuevos. Los había tenido desde su nacimiento, en mucha mayor medida que otras compañías aéreas. Y estos fallos, cierto es, se habían incrementado en los últimos meses. Pero justificar en la protección de los usuarios la actuación de Fomento resulta absurdo.
Los usuarios de Air Madrid posiblemente se hubieran encontrado más protegidos si se hubiera mantenido tal cual la situación de la aerolínea, retrasos incluidos. Nuestra legislación, la normativa de la Unión Europea, ya recoge las consecuencias por los retrasos: gastos de alojamiento o manutención y posibles daños y perjuicios. Aun reconociendo que con esos mecanismos de respuesta no se puede resolver un problema continuo y mantenido en el tiempo, lo cierto es que la conducta de la aerolínea era conocida por la Dirección General de Aviación Civil –que tenía abierto un expediente desde mayo a Air Madrid–, que ha elegido las fechas navideñas para actuar, provocando una situación explosiva en los aeropuertos. Si ya se sabía que la mayor parte de los vuelos acordados por Air Madrid estas Navidades eran de emigrantes que querían pasar estas fiestas con sus familias, lo lógico hubiera sido no actuar en estas fechas. Es cierto que el Ministerio no está para pagarle las vacaciones a nadie, como afirmó Lady Aviaco, pero tampoco para arruinárselas a quienes ya se las han pagado con su trabajo.
Si Fomento hubiera optado por abstenerse de actuar, los retrasos hubieran seguido produciéndose, pero siempre será eso mejor que lo que ocurre a día de hoy. Los que se han ido no saben si podrán volver y quienes no pudieron marcharse ignoran si podrán irse, aunque sólo sea a celebrar el Año Nuevo. Esto es lo que debería haber previsto la administración, en lugar de ponerse a actuar de una forma tan temeraria.
Cualquier actuación de la Dirección General de Aviación Civil en este campo debe intentar velar por los intereses de los usuarios, recordando siempre que, en una economía de mercado, cuanto menos se actué mejor. La suspensión del Certificado de Operador Aéreo a Air Madrid ha provocado, por tanto, una situación de muy difícil solución. De todos modos, esto no es óbice para reconocer que la línea aérea no estaba cumpliendo sus compromisos contractuales y no parecía que pudiera hacerlo en el futuro, salvo que redujera drásticamente sus frecuencias de vuelo.
Ahora estamos viendo los resultados de tan desafortunada actuación con el colapso de días pasados en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, con un procedimiento concursal abierto ante el Juzgado de lo Mercantil nº. 5 de Madrid, con una actuación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra los responsables de Air Madrid y con previsibles demandas de los usuarios de Air Madrid ante el Ministerio de Fomento por la torpeza de su actuación. Con la labor que ha llevado a cabo estas últimas semanas, Magdalena Álvarez ha conseguido que el problema de Air Madrid, una línea de bajo coste que probablemente nunca debió tener el Certificado de Operador Aéreo, vaya a terminar enquistándose en los juzgados durante años.