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Presos etarras

La reinserción no es un derecho absoluto

Los abusos, por parte de los jueces de vigilancia penitenciaria, en la aplicación de los beneficios penitenciarios han forzado al Gobierno a tomar la decisión de fijar explícitamente las condiciones de aplicación de esos beneficios, las cuales, el Código Penal de 1995, en su artículo 78, dejaba a criterio del juez de vigilancia penitenciaria.

Pero es que este criterio de la reinserción social del reo, reconocido en el artículo 25.2 de nuestra norma fundamental, ha sido interpretado por diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, que entendiende que éste no es el único fin de la pena, sino que existen otros, como el de la prevención, tanto general como individual. Y este fin preventivo –como recoge la doctrina penalista– ha de verse desde ideas tales como la restauración de la paz social y la consiguiente reafirmación del sentido de justicia de la sociedad, con una intimación individualizada en el propio delincuente.

De esta forma, el Tribunal Constitucional, en su importante sentencia 75/98, establece que: “El artículo 25.2 de la Constitución no contiene un derecho fundamental a la reinserción social, sino un mandato al legislador para orientar la política penal y penitenciaria: se pretende, a través de él, que en la dimensión penitenciaria de la pena privativa de libertad se siga una ostentación encaminada a esos objetivos, sin que éstos sean su única finalidad”. Esta sentencia, pues, sin dejar de reconocer la importancia del criterio de la reinserción social para nuestra legislación, también advierte de que existen otros criterios a tener en cuenta.

A partir de estos criterios es como hemos de ver la reforma actual, con unas ideas semejantes a las de otros países de nuestro entorno. Así, en casi todos los países de la Unión Europea se recoge la prisión perpetua para los delitos más graves –más o menos estamos hablando de lo mismo con la actual reforma, que contempla la posibilidad de que los condenados por terrorismos cumplan cuarenta años de condena–, con unos límites mínimos para su cumplimiento.

Así, por ejemplo, en Italia o en Alemania, dos países que han sufrido en sus carnes el terrorismo, la situación actual es la siguiente: Alemania recoge que, como mínimo, la prisión perpetua dará lugar al cumplimiento efectivo de una pena de 15 años de prisión, que puede incrementarse a otros diez años de internamiento como medida de seguridad. Todo ello hace, que a la postre, el límite mínimo pueda acercarse a los 25 años reales de estancia en prisión. Italia también recoge como límite para obtener la libertad condicional los 26 años, un periodo muy alejado de nuestra práctica actual, en donde es muy difícil –por no decir imposible– que un interno llegue a los 15 años de reclusión efectiva.

Evidentemente, para cerrar esta materia, es cierto, como recoge la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 16 de abril de 1998, que “existe un consenso generalizado entre los penalistas que mantiene que un tiempo de reclusión ininterrumpido superior a los 15 años provoca en la mayor parte de los sujetos consecuencias de orden psíquico y social que imposibilitan, en ocasiones, su reintegración en la ida social”. Pero es que para ciertos delitos, como he dicho más arriba, la reinserción social, aunque siempre ha de tenerse en cuenta, no puede ser el único criterio a tener en cuenta, lo que también ha sido recogido por el Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 14 de mayo de 2002, en la que dice que “el fin sancionador de la pena de prisión existe y es constitucional, no ha desaparecido por la vigencia del artículo. 25 de la Constitución, que sólo exige que la pena privativa de libertad tenga una vocación de reinserción, lo que es compatible con el castigo” con lo que se ha de entender que el fin retributivo de la prisión no desaparece por el hecho de que deba de salvaguardarse la vocación de reinserción. Así, parece que se va vislumbrando una idea tendente a, sin olvidar el fin de la reinserción social del delincuente, no olvidar el mal que ha hecho y la necesaria sanción por dicho mal.

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