Después del verano, Congreso y Senado debatirán una nueva reforma penal, con medidas contra el crimen organizado más ficticias que reales y la mención de nuevas formas de delincuencia, como el mobbing o los crackers. Pero posiblemente la reforma que dé más de hablar, y tenga más efectos prácticos, sea la modificación del artículo 89 del Código Penal, es decir, la expulsión del extranjero irregular condenado a una pena inferior a 6 años de prisión. Es ésta una medida asiduamente utilizada por los tribunales salvo en los supuestos de los boleros (quienes transportan droga viniendo a España) u otros casos de delincuencia organizada.
En el futuro, con la excusa de no discriminar al inmigrante con respecto al español, no se prevé la sanción de expulsión más que de manera excepcional, debiendo optar el juez por la pena de prisión o la de expulsión atendiendo a factores como la reinserción del delincuente y su no discriminación. Pero esta reforma olvida que no hay discriminación entre españoles y extranjeros en el Código Penal, sino entre extranjeros delincuentes e irregulares y el resto. Es más, a los ilegales que no son delincuentes no se les expulsa en los juzgados, aunque sí se les abre un procedimiento de expulsión en el ámbito administrativo, ya fuera del ámbito penal.
Además de que en el plano teórico no tiene sentido esta reforma, en la práctica puede provocar un aumento de la delincuencia. En la actualidad, el extranjero con residencia legal en España que comete un delito tiene muy complicado, por no decir imposible, obtener la renovación de su tarjeta de residencia, justo por la existencia de antecedentes penales. Por tanto, si los inmigrantes legales que comenten un delito se encuentran muchas veces con problemas en la renovación del permiso de residencia –salvo en el caso de aquellos que llevan más de 5 años en España de forma legal, que ya tienen permiso de residencia permanente, y no se les presenta este problema–, no tiene sentido posibilitar al delincuente que se quede en España, porque no va a poder legalizar su situación y, por tanto, va a seguir delinquiendo.
Pero claro, siempre es bonito fantasear con las desigualdades entre españoles y extranjeros y con la reinserción del delincuente. En el mundo real, lo que está ocurriendo es que la sanción de expulsión es casi más temida que la propia prisión por quienes viven mejor en España que en sus lugares de origen, aunque sea en cárceles españolas. Y aquello que se dice de que vuelven con facilidad no es del todo cierto, principalmente en el caso de los sudamericanos. Además, no tiene sentido alguno hablar de discriminación y resocialización cuando una de las consecuencias de este cambio legal será la creación de bolsas de marginalidad, puesto que los delincuentes condenados no van a poder legalizar su situación en España, por lo menos de acuerdo a los criterios de regularización actuales.