Increíble, pero cierto. El Fiscal Jefe de Cataluña ya lo anunció hace días y hoy el de Madrid ha seguido por el mismo camino. No obedecen, se niegan a cumplir las instrucciones del Fiscal General del Estado de perseguir penalmente las concentraciones habidas ante las sedes del Partido Popular en la jornada de reflexión, el 13-M. Con ello estos fiscales olvidan que tanto la Constitución como el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal recogen como principios en su actuación el de unidad de criterio y jerarquía. Es claro, por tanto, que las instrucciones de Jesús Cardenal, hasta la fecha Fiscal General del Estado, han de cumplirse, con dos únicas excepciones, recoge el Estatuto del Ministerio Fiscal, en su artículo 27: Que la instrucción sea contraria a las leyes o improcedente. No parece que este sea ninguno de los dos casos.
Pero ya tenemos un ejemplo de lo que significa la pérdida del poder. Jesús Cardenal, incluso antes de dejar su puesto, es desautorizado por los jefes de dos fiscalías tan importantes como Madrid y Barcelona. Ello nos lleva a lo más preocupante. Con esta última interpretación del fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix -que incardina las manifestaciones del día de irreflexión en un contexto sumamente excepcional de emociones- se ha destruido cualquier protección existente durante la campaña electoral y hasta el mismo día de la celebración de las elecciones y se olvida que la legislación electoral sanciona penalmente estas conductas para evitar que las elecciones se celebren en un estado de excitación que desvirtúe el buen orden democrático.
Además, cuando el informe del fiscal Manuel Moix sigue diciendo que “las consignas proferidas estaban dirigidas al Gobierno y no a otros ciudadanos y no eran más que la expresión de una crítica respecto de una actuación concreta del mismo”, consignas entre las que cabe destacar cánticos como "manipulación", "no a la guerra", "Aznar culpable, eres responsable", "vosotros fascistas, sois los terroristas", "aquí, cabrones, a dar explicaciones" (una rima fácil para contextos muy emocionales), lo que se hace es premiarse a los rompen el necesario buen orden electoral en detrimento de los que, cumpliéndolo, han sido respetuosos con otras siglas políticas. Porque no se ha de olvidar que los más de 190 muertos provenientes del 11-M afectaron a los manifestantes, a la vista está, pero también al resto de los ciudadanos españoles, que hubieran deseado tener un día de reflexión real, y no algaradas callejeras e insultos.
Pero para el fiscal jefe de Madrid, sigue diciendo en su informe, “no cabe deducir una incitación al resto de los ciudadanos a dar su voto a favor de determinada opción política o a retraerse de dicho voto”. Como mínimo cabe decir que el sentido común le ha abandonado en esta actuación.