Ya lo ha avisado el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Ante la alarmante caída en el número de opositores a jueces y fiscales. Lo mejor es eliminar el sistema de oposiciones –qué elitista es eso de estudiar durante años centenares de temas– y que nuestros jueces y fiscales sean elegidos entre los mejores de la Universidad. ¿Y quién los elegirá, eh, quién?
A esta ingeniosa idea hay que añadir que durante esta misma legislatura se ha estado elaborando la Ley de Acceso en la Abogacía, que parte de la necesidad de dar una formación profesional, posterior a los estudios universitarios, a los abogados. Por tanto, parece que, para Bermejo, lo que es bueno para los abogados, una ley de acceso para dar una mayor calidad en el ejercicio profesional, no es bueno para los jueces y fiscales, que sólo necesitan pasar por la Universidad, de donde serán elegidos a dedo entre los mejores.
He de reconocer que, como abogado, no puedo sino sentirme tremendamente orgulloso de esta contradicción de Fernández Bermejo. Si nuestro Gobierno actual entiende que los abogados necesitan para su ejercicio profesional pasar por una formación específica, mientras que jueces y fiscales no necesitan de ningún control ajeno a la Universidad para realizar su trabajo, es que nos tiene en mucha mayor consideración. Vamos, que si la Ley de Acceso a la Abogacía parte del supuesto de que la Universidad forma licenciados en Derecho, pero no abogados, a partir de ahora tendremos que interpretar que la Universidad forma licenciados en Derecho, jueces y fiscales, pero no abogados, porque éstos se forman en las escuelas de práctica jurídica y en un posterior examen homologado en toda España. Me siento infinitamente agradecido a quien estima en tan alto grado mi labor profesional. Posiblemente los jueces y fiscales no le hayan cogido tanto cariño a Bermejo después de tan brillante idea.
En cualquier caso, estas ideas absurdas demuestran el grado de descontrol que aplica el Gobierno ZP en cada cuestión que toca. Porque uno puede pensar que es necesario un examen posterior a la obtención del título de Derecho en la Universidad para ser abogado y promover una reforma legal en este sentido, o puede tener la opinión contraria, coincidente con la legislación actual. Pero lo que no puede hacer es suprimir el examen homologado a nivel nacional donde ésta ya existe, las oposiciones a jueces y fiscales, y crear un examen homologado a nivel nacional en donde no existe, en el ejercicio de la abogacía.
