Gallardón ha conseguido el más difícil todavía. Dejar de ser el peor alcalde de la historia de Madrid para convertirse en el peor ministro de Justicia de la historia de España. Su dimisión es y será, en todo caso, una buena noticia. Tardía, eso sí. Tenía que haberse producido en el momento en que engañó miserablemente a los ciudadanos al prometer que iba a terminar con el vergonzoso reparto partidista de los órganos judiciales para, después, politizar aún más la Justicia. Es éste, y no el aborto, el principal problema político que tiene España y, en gran medida, el origen de la terrorífica situación que atraviesa la Nación. Con Cataluña, paraíso de la corrupción, al borde de la secesión y todo el sistema corrompido hasta el tuétano a punto de saltar por los aires, con los Iglesias y Monederos acechando.
Durante décadas –es verdad que ha dimitido, pero también lo es que llevaba más tiempo en política que el mismísimo Rajoy, que ya es decir– hemos escuchado la cantinela que cansinamente repetían sus amigos de Prisa de que Gallardón era un "hombre de consenso". Pues bien, de su paso por el Ministerio de Justicia el único consenso que se puede reseñar es que por primera vez en la historia ha puesto de acuerdo a todos los estamentos judiciales: jueces, fiscales, secretarios judiciales... Todos en contra de su gestión. En el Ayuntamiento también logró acuerdos. El de los acreedores de la inmensa deuda que ha dejado. Lo cierto es que el único consenso real de Gallardón ha sido con el Prisoe. Primero, en el 96, contra Aznar y después, con Cobo y sin Cobo, contra Esperanza Aguirre en el PP y la Comunidad de Madrid.
Conociendo la trayectoria del personaje, que algunos pretendan ahora loar la dimisión de Gallardón como un acto de lealtad al partido y los votantes es una broma de mal gusto. En la cuestión del aborto Gallardón ha actuado, como siempre lo ha hecho, pensando exclusivamente en sí mismo. Vio en él una plataforma de promoción política, lo cual en un asunto de conciencia es un disparate. Quería congraciarse con los sectores más conservadores del partido y por eso escogió la regulación más restrictiva posible, eliminando el supuesto de malformación del feto. La prueba es que no esperó a que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre el recurso planteado por el propio PP a la Ley Aído. Él quería que la ley del aborto fuese la ley Gallardón, y al final ni una cosa ni la otra. La doctrina del Constitucional no permite una ley exclusivamente de plazos, ya que debe existir un conflicto entre los dos bienes jurídicos a proteger, el nasciturus y la madre. Esto es una ley de supuestos. Se trataba de volver a una versión mejorada de la ley del 86 –por ejemplo, limitando con un plazo el coladero del peligro psíquico, que permitía atrocidades como que se practicasen abortos con embarazos de siete u ocho meses–, que había logrado un consenso social muy difícil en un asunto tan complejo hasta que Zapatero decidió romperlo en su obsesión guerracivilista.
Lo que se esperaba del PP, que en su programa no concreta los detalles de la reforma, era una ley homologable a la del resto de democracias occidentales, cada una matizada por su legislación particular, que eliminase la carga ideológica de la ley actual, que define el aborto como un "derecho" y barbaridades como que las niñas menores de 18 puedan abortar sin consentimiento paterno. Pero esto no era bastante para el ego de Gallardón. Al igual que hace la izquierda, quiso que el Estado se metiese en la moral de los ciudadanos, y la conciencia no se legisla. Aunque algunos quieran arrimar el ascua a su sardina, el PP nunca se comprometió a prohibir el aborto o a elaborar una ley de aborto cero, como exigen los grupos provida, muy respetables pero también muy minoritarios, incluso entre los votantes del PP.
En definitiva, el hombre del consenso ha conseguido romper el consenso que existía dentro del PP, enconar aún más el debate y, lo que es peor, que la ley socialista siga vigente con todos sus disparates sin que el Tribunal Constitucional se haya pronunciado. Gallardón es el principal, pero no es el único culpable. Rajoy y Soraya deberán explicar por qué el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto cuando no estaban de acuerdo. Del primero ya sabemos que sólo lee el Marca, pero la actuación de la vicepresidenta tiene difícil explicación. Y es que con la salida de Gallardón seguiremos padeciendo un Gobierno pésimo, pero un poco menos. Empeorar su gestión en Justicia es imposible.