Todos los demócratas morimos un poco cada vez que la banda asesina etarra comete un atentado mortal, pero no perdemos la esperanza de poder derrotar a ETA. Por eso hoy también debemos unir nuestras fuerzas para que se adopten las medidas necesarias, pero no basta con la condena, hay que ir más allá. El Congreso no puede mantener una resolución que permite negociar con la banda. Las instituciones democráticas no pueden albergar a los que comparten la estrategia del Terror con ETA, en todas sus manifestaciones. Ni el sistema democrático se puede permitir partidos políticos que colaboran activamente con los terroristas, a los que legitiman, apoyan y encubren.
Si el gobierno está por la derrota de ETA, lo primero que debe hacer es derogar o anular esa resolución indigna que da cabida al diálogo con los que sólo negocian matando. Porque ahí radica toda la fuerza del terrorismo: en emplear el Terror para dominar a la sociedad, sin tener que someterse a la Ley y a lo que dicten las urnas. Dar legitimidad política a una organización criminal terrorista supone validar sus medios asesinos. Y en este sentido el Gobierno no ha querido rectificar hasta el momento. Por eso, ¿cómo pretende el presidente del Gobierno explicar a los familiares que ahora se va a actuar con contundencia contra ETA, mientras mantiene vigente la resolución para el “fin dialogado” del terrorismo?
Además, por mucho que el ministro de Justicia persista en no querer ver más que “indicios” de la subordinación de ANV y PCTV a ETA-Batasuna, lo cierto es que hace ya mucho tiempo que los proetarras se quitaron las caretas en las calles del País Vasco, y sobran pruebas de su vinculación con ETA-Batasuna. Buen ejemplo de ello es la campaña contra el TAV: ETA ordena el sabotaje y Batasuna se dedica a su promoción, mientras ANV realiza consultas ilegales o promueve acciones contrarias desde los ayuntamientos que controla. Todo el entramado político, como la propia trama civil de ETA imputada por el 18/98, sirve a los fines de los pistoleros porque trabajan para ellos dando difusión a su estrategia y extendiendo su control sobre la sociedad a través del Terror.
Por eso es tan importante mantener la unidad en el acoso contra ETA, sin fisuras: la unidad política que auspiciaba el Pacto Antiterrorista y la unidad en el ámbito legal que proporcionaba la Ley de Partidos. La unidad política en la condena de un atentado terrorista se da por supuesta, porque sólo PCTV y ANV legitima los asesinatos como parte del “contencioso vasco”. Pero este Gobierno debe precisamente por ello instar la ilegalización de los colaboradores de los terroristas, y revocar definitivamente la resolución que precisamente considera que hay un “conflicto político vasco” que genera “violencia”. La unidad legal ha sido hecha añicos con un sinfín de disertaciones sobre qué era o dejaba de ser “izquierda abertzale”, lo que ha posibilitado las reuniones de nacionalistas y socialistas con Batasuna, y la propia suspensión de la Ley de Partidos contra ANV y PCTV.
En realidad, a estas alturas ya no sé cómo podríamos confiar los demócratas en que el Gobierno socialista va a apostar efectivamente por la derrota del terrorismo, porque nada de lo que hace pasa de la cosmética electoral y de la propaganda sobre la bondad de las intenciones de Z. Todavía estamos esperando, con las Elecciones Generales a la vuelta de la esquina, una auténtica declaración presidencial, acompañada de hechos, en la que Rodríguez Zapatero rectifique públicamente su política de negociación con ETA. Para ese consenso siempre ha estado tendida la mano de Mariano Rajoy, pero es que el Gobierno nunca ha buscado la unidad con el PP porque le obstaculizaba, entre otras muchas cosas, para pactar con todos los demás partidos en el Congreso la resolución para el diálogo con los terroristas.
Ahora los demócratas convencidos de la necesidad de derrotar a ETA sólo podemos mostrar nuestras solidaridad a los miembros de la Guardia Civil y a los familiares de los asesinados, apoyar a las víctimas y confiar en la acción de la Justicia y en la fortaleza del Estado de Derecho contra ETA. Y el Gobierno, por su parte, sólo puede hacer lo que le venimos pidiendo muchos, no sólo el PP, desde que supimos de sus intenciones: que cese toda negociación política con los terroristas, porque son los primeros que no quieren paz, democracia y libertad. ¿Tendrá que esperar el Gobierno a marzo para atender la demanda de toda una sociedad?
