El último atentado de ETA demuestra una vez más que la organización terrorista jamás respetará la voluntad democrática de los vascos, ni por supuesto sus libertades y su derecho a vivir en paz. Porque este atentado ha sido dirigido contra un escolta, precisamente porque su trabajo consiste en proteger la vida de un cargo electo legal y democráticamente elegido, representante de todos los vecinos de su municipio.
Además, demuestra que la organización terrorista sigue pretendiendo causar muertos, y en esta situación de amenaza permanente que padecen los cargos electos del PSE y del PP en el País Vasco se vuelve más delirante si cabe la propuesta del lehendakari Ibarretxe de convocar una “consulta ciudadana” aunque ETA no abandone el terrorismo; lo que, además, supone por su parte faltar a la palabra dada cuando prometió que sólo se celebraría en “ausencia de violencia”. Pero todos los eufemismos empleados por los nacionalistas nunca nos harán olvidar que los únicos que emplean la violencia para participar en democracia son los terroristas, y sus colaboradores en las instituciones democráticas: ANV y PCTV (marcas de Batasuna).
Precisamente, uno de los voceros proetarras, Pernando Barrena, a quien todos los medios de comunicación y partidos políticos reconocen el título de “portavoz de Batasuna”, salió ya el fin de semana anunciando que (ETA) se tomaba las últimas detenciones de miembros de la Mesa Nacional como una “declaración de guerra”, suponemos que en contraposición al “proceso de paz” y a la actitud del Gobierno con los terroristas durante todo este tiempo. De esta manera, Barrena no hace otra cosa que justificar de antemano cualquier atentado, tras haber expuesto su “teoría” de que el Gobierno ha decidido “apostar por un nuevo ciclo de violencia”, equiparando la aplicación del Estado de Derecho con las acciones terroristas.
Ahora, queda por ver si el fiscal general del Estado mantiene su arbitrario criterio jurídico para instar a la prohibición de ANV y PCTV, según el cual procedería a actuar contra ambas organizaciones en caso de que no condenaran un atentado con muertos. La bomba lapa de este martes demuestra que ETA pretende causar muertos, ¿y desde cuándo se juzga una acción terrorista por su grado de destrucción, en vez de por sus intenciones? Además, o el fiscal general es realmente cándido, o pretende no enterarse de que este atentado no es un mero toque de atención al Gobierno para que vuelva a la mesa con ETA, sino un acto elaborado a partir de informaciones que, probablemente, hayan partido de miembros de ANV.
Porque ANV y el PCTV no son otra cosa que ETA-Batasuna: coinciden en los fines, colaboran en los medios y nunca condenarán la violencia terrorista, que legitiman, porque no pueden: sus miembros están sometidos a las directrices de ETA-Batasuna, y su declaración de intenciones ya la ha expuesto Barrena por ellos: el atentado es parte de un “conflicto político vasco” que el Gobierno no quiere resolver mediante una “solución dialogada”.
Nosotros pensamos que este Gobierno sí ha pretendido conceder, y además su presidente no renuncia a ello, una “solución dialogada” a la organización terrorista, para lo que ha necesitado hablar de un “proceso de paz” y llamar “izquierda abertzale” a los representantes electorales de ETA, e incluso ha llegado a admitir la existencia de un “conflicto político” ante los delegados terroristas en las mesas de negociación política.
Por eso, sigue siendo obligación de todos los demócratas no dar pábulo al lenguaje de los terroristas y de quienes los amparan y legitiman. No podrá haber “paz” en el País Vasco hasta que acabemos con ETA aplicando todos los recursos del Estado de Derecho, y nunca podrán los nacionalistas convencernos de que la solución al “conflicto político” en el País Vasco pasa por legalizar a los que utilizan las instituciones democráticas para servir a los fines totalitarios de ETA-Batasuna.
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