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Ricardo Galli

Canon AEDE, o que emprendan los otros

El agregador social Menéame, del que soy socio fundador, quizás deba emigrar a otro país para poder asegurar su supervivencia, y ni así estamos seguros.

El martes tuve un día triste y decepcionante. La Comisión de Cultura del Congreso aprobó ese día, en una vergonzosa sesión, las modificaciones del PP a la nueva Ley de Propiedad Intelectual propuesta por algunos de los editores de periódicos agrupados en AEDE. Es lo que se conoce como tasa Google, o, para ser más fiel a la realidad, el canon AEDE.

Pero no fue inesperado, ni fue la primera derrota. La Ley Sinde-Wert fue la peor y más reciente a pesar de la gran contestación social que tuvo. Pero esta vez me afectó muy directamente. El agregador social Menéame, del que soy socio fundador, quizás deba emigrar a otro país para poder asegurar su supervivencia, y ni así estamos seguros.

Alguien que no esté puesto en el tema podría pensar que se trata de un sitio que enlaza a obras con derechos de autor no autorizadas. O que se plagian o copian artículos de medios digitales. O que perjudica económicamente a otros sitios al quitarle visitas. Y que además ganamos una fortuna en el proceso. Pero la realidad es completamente diferente.

Menéame surgió inspirado en el ya desaparecido digg.com y en el muy popular reddit.com. Es un sitio donde los usuarios proponen enlaces, agregan un título y una pequeña entradilla (limitada a un máximo de 500 caracteres), los demás usuarios votan y comentan, las más votadas se promueven a la página principal, desde donde se generan miles o decenas de miles de vistas al sitio enlazado. De la misma forma que Facebook, Twitter o Google News, Menéame es una fuente de visitas para esos medios, de hecho la mayoría de ellos incluyen iconos para enviar a Menéame (hasta la BBC).

El proyecto que se acaba de aprobar en la Comisión considera que estamos perjudicando a los medios enlazados y que ganamos mucho dinero a costa de su trabajo, por lo que debemos compensarles económicamente. Para ello modifican el artículo 32 haciendo que todos los sitios que enlacen con "textos no significativos" de forma periódica y frecuente paguen una compensación "irrenunciable" a Cedro, y ellos se encargarán de distribuir entre los medios "perjudicados". Este proyecto fue criticado desde todos los ámbitos, los editores de periódicos agrupados en AEEPP (que son más cabeceras), la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, estudios económicos encargados por la Coalición ProInternet, economistas independientes y la mayoría de empresas con presencia digital.

Sus problemas son múltiples, codifica en la ley la creación de un cártel extractivo, penaliza la innovación y desarrollo de nuevos productos digitales, perjudica a los medios más pequeños que dependen en mayor medida de las redes sociales para su divulgación y crecimiento, pone en situación de inseguridad económica a empresas como Menéame, y lo que es aún peor, se cargan selectivamente –los medios seguirán beneficiándose de él– el derecho a cita que existió desde los inicios del copyright.

Todo esto derivará en una situación donde Menéame deba irse de España, Google News España cierre, y no sabemos todavía cómo puede afectar a Twitter, Facebook y hasta a agregadores extranjeros. Quizás hasta sean capaces de bloquear el acceso en España vía procedimiento judicial.

¿Cómo se pudo llegar a esta situación?

Todo parece indicar que la intención era sacar dinero a Google, tal como se intentó en Francia, Bélgica y Alemania. En este último hicieron una ley que obligaba a Google a compensar a los medios por enlazarles desde Google News. Google respondió quitándolos todos y anunciando que sólo enlazaría a aquellos que optaran por entrar renunciando a retribuciones. Por supuesto, todos volvieron a apuntarse por el tráfico que les genera. Para evitar que ocurriese lo mismo, el Gobierno de Rajoy, a petición de los editores de AEDE, añadió el carácter irrenunciable; es decir, hay que pagar por perjudicarles enlazándoles aunque no se les enlace. Así hicieron una ley francotirador, pero tan mal en el fondo y en la forma que afecta a todas, incluso al agregador español más grande, que proporcionalmente se ve perjudicado mucho más que Google, Twitter o Facebook.

Desde la Coalición ProInternet intentamos que nos escuchen, que analicen datos y evidencias, que se den cuenta de que la ley no tenía ningún sentido, y de que ni siquiera podrían recaudar los millones de euros mensuales que pretenden para "salvar a la prensa". Fuimos ignorados por el Gobierno y los legisladores; la mayoría de medios AEDE incluso establecieron un bloqueo informativo sobre las críticas al proyecto de ley.

Fueron impermeables a las evidencias y las opiniones de los más perjudicados en España, no sólo Menéame, también la inmensa mayoría de medios digitales, redes sociales y quién sabe cuántos blogs y sitios que tratan temas de actualidad. El proceso se cerró con la vergonzosa sesión de la Comisión de Cultura, con diputados –presuntamente expertos en el tema– que demostraron un profundo desconocimiento de lo que estaban legislando, con enmiendas y transaccionales que ni ellos entendían.

Así, ese patético espectáculo es casi el broche final a un proceso que nos pone en serios aprietos.

Llevamos casi nueve años ejerciendo una actividad perfectamente legal en España y en cualquier país democrático. Además, con normas y comportamiento ejemplares para respetar la autoría, generar visitas a los sitios originales, usar todas las técnicas posibles para que el sitio enlazado sea muy visible a los lectores y que obtenga mejor posicionamiento en los buscadores, evitar la divulgación de copias y plagios de los originales, todo ello superando innumerables dificultades legales y económicas (además de la crisis y caídas de publicidad, no es fácil ni barato defender la libertad de expresión en España).

Me preguntaban si después de esa bochornosa sesión –una orgía de bobadas desinformadas e hipócritas– estaba muy cabreado, pero como dije en mi blog, ya no. Todavía no puedo descubrir qué hemos hecho mal, o a quién hemos perjudicado, o qué es lo moralmente discutible de nuestra actividad, o por qué esos a los que has beneficiado durante años consiguen una ley ad hoc para poner en peligro tu existencia. Es sólo decepción, y una profunda tristeza de cómo nos han maltratado. Ya sabéis quiénes, esos mismos que elaboran pomposos discursos de libertad, democracia, modernidad y emprendedores.

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