Las actividades de la economía informal no sólo son actividades de baja productividad y, por tanto, de baja generación de ingresos, sino que contagian a la totalidad de la economía de improductividad y de tasas bajas de crecimiento.
En los últimos años en México el bienestar de la población ha mejorado, según las mediciones de indicadores específicos como drenajes, instalaciones sanitarias y equipamiento de los hogares, como automóviles, refrigeradores, hornos de microondas o computadoras. Sin embargo, se trata de avances insuficientes y lentos.
El problema se llama baja productividad. Hemos invertido muchos más recursos, en comparación con otras economías en desarrollo, para lograr en el mejor de los casos resultados similares. En este sentido, es correcto que se propongan políticas públicas para la creación de más empleos, como la verdadera respuesta a los problemas de pobreza, pero sería lamentable que el enfoque centrado en los empleos desdeñe la calidad de los mismos en términos de productividad.
Tenemos que generar muchos más empleos, pero empleos cada vez más vinculados a los mercados mundiales, que generen un alto valor agregado, altamente competitivos en la economía del conocimiento y la información y, además, empleos que permitan a los trabajadores generar ingresos suficientes para consolidar fondos individuales de pensiones, así como el financiamiento de servicios de salud.
Uno de los ingredientes fundamentales para lograr esa generación de empleos altamente productivos y cada vez mejor remunerados es contar con un adecuado marco institucional que permita la creación de empresas –de todos los tamaños, pero especialmente medianas y pequeñas– y su desarrollo sin sobresaltos dentro de la formalidad.
En este sentido, el avance de la economía informal es un verdadero veneno para el crecimiento sostenido porque a mayor economía informal menor productividad en toda la economía. A esto hay que agregar el efecto corrosivo de la informalidad sobre el marco institucional de todo el país en aspectos clave para el crecimiento económico y el bienestar: derechos de propiedad, respeto a los contratos, recaudación tributaria eficaz para financiar los bienes públicos que corresponde al Estado brindar.
En el año 2000, la productividad de la economía informal en México fue equivalente a tan sólo el 28% de la productividad del sector formal (ver Mario Cimoli, Analissa Primi y Maurizio Pugno: "Un modelo de bajo crecimiento: la informalidad como restricción estructural" en la revista de la CEPAL de abril de 2006).
El avance de la informalidad, que incluso es apoyado por determinados partidos políticos como clientela electoral y para sostener grupos de presión, por ejemplo, en Ciudad de México, encarece los servicios de seguridad social para los trabajadores de la economía formal, distorsiona la asignación de los recursos públicos, debilita la aplicación de la ley y la vigencia del Estado de Derecho, fomenta prácticas comerciales anticompetitivas, eleva la carga fiscal para la economía formal e incluso erosiona el civismo y la convivencia social armónica.