El mensaje comercial es claro: “Usted debe contratar los servicios de esta compañía de seguros para dormir tranquilo”. Y es que, dice el anuncio, usted no concilia el sueño porque tiene que dejar su automóvil en la calle. El argumento es implacable: no hay seguridad en la calle; si usted quiere disminuir los costos de esa inseguridad: pague.
Nos parece “normal” pero el anuncio esconde una anomalía enorme: el gobierno no cumple con una de sus funciones elementales, la seguridad pública. ¿Solución? Contrate un seguro y a otra cosa. Los bolsillos de los contribuyentes y de los consumidores aportan el ingreso de múltiples negocios que florecen al amparo de un precario Estado de Derecho.
¿Cuánto pagamos por la ausencia de un auténtico Estado de Derecho?
Tal vez, estimado lector, su negocio tenga que ver con una de las múltiples “áreas de oportunidad” que crea el incumplimiento de los gobiernos, como la seguridad física de personas o bienes, la prestación de servicios que suplen las deficiencias del gobierno (educación, salud), la gestión de trámites ante autoridades con amplios poderes discrecionales, la prevención de riesgos financieros ante un eventual “error” macroeconómico, la protección ante frecuentes incumplimientos de contratos y demás.
De lo que no cabe duda es que usted y yo, como consumidores y contribuyentes, pagamos dos o más veces por muchos bienes y servicios a causa de la ausencia de Estado de Derecho. Por eso hay una íntima correlación entre pobreza y ausencia de Estado de Derecho, porque en un país pobre cuesta más caro vivir y trabajar.
En un país pobre los contratos no se cumplen cabalmente. La empresa “A” no paga a tiempo a sus proveedores porque, a su vez, no recibe a tiempo el pago de sus clientes. Algunos proveedores se cubren incluyendo en el precio esa prima de morosidad. Otros se resignan porque están ante una empresa con poder hegemónico o único en el mercado, y le cobran la diferencia a clientes cautivos o a proveedores débiles.
Al final tenemos una cadena inmensa de agentes económicos “abusados” aprovechándose unos de otros –aprovechándose de quien se puede o se deje– porque la norma es que alguien se aprovechará de tu debilidad de negociación. Porque, ojo, la ausencia de una ley uniforme que se cumpla siempre para todos, hace depender las garantías “legales” de la capacidad de negociación.
Ser pobre en un país pobre, entonces, es carecer de capacidad de negociación ante la autoridad. Esta es la esencia del mercantilismo rampante que mantiene a los países de América Latina en el subdesarrollo. Ese mercantilismo es lo que defienden con denuedo los adversarios del liberalismo económico.
Ser pobre en un país pobre es no tener derechos de propiedad reconocidos que sirvan como garantía para obtener un crédito. Ser pobre en un país pobre es no tener “palancas”, “enchufes” en la administración pública que faciliten las cosas. Ser pobre en un país pobre es tener que contratar un seguro contra robo porque la probabilidad de robo es altísima. Ser pobre en un país pobre es pagar más por la gasolina, por las interrupciones de energía eléctrica, por las deficiencias del transporte público subvencionado o concesionado quién sabe a qué “enchufados” y de acuerdo a quién sabe qué criterios discrecionales.
Ser pobre en un país pobre es no poder elegir médico o escuela.
Por eso también hay una correlación estrecha entre ausencia de Estado de Derecho y ausencia de clases medias fuertes y prósperas. La ausencia de Estado de Derecho polariza la distribución del ingreso. Los ricos de los países pobres son muy, pero muy ricos (tómese en cuenta que muchos bienes y servicios cuestan el doble o más que en un país desarrollado), en tanto que los pobres de los países pobres son muy, pero muy pobres.
Y por eso también en un país pobre, con precario Estado de Derecho, ingresar al gobierno es “hacerla en la vida”, porque da el poder discrecional e innumerables oportunidades de tomar esos amplios excedentes que sufragan los bolsillos de contribuyentes y consumidores.
© AIPE
Ricardo Medina Macías, mexicano, es analista político.
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