Si usted fuese un funcionario de nivel medio en un ente regulador del gobierno, donde su cargo, su sueldo y el número de personas bajo su supervisión dependen de cuántas regulaciones debe hacer cumplir, ¿cree que sería partidario de más o de menos regulaciones?
O si usted es un político en algún cargo importante cuando explota un escándalo por fraudes financieros en alguna gran empresa. ¿Le darán más importancia a sus declaraciones en la prensa y la televisión si usted dice: "Ya tenemos las leyes adecuadas contra los robos y las autoridades competentes se ocuparán del asunto" o si más bien declara: "Necesitamos mayores controles para impedir fraudes de empresarios deshonestos"?
Esto que aquí relato sucede a diario en casi todos los países. Existe un inmenso ímpetu para crear más y más regulaciones, se necesiten o no. El estudio de este comportamiento, conocido como economía de elección pública, fue desarrollado por los economistas James Buchanan, premio Nobel, y Gordon Tullock.
No fue sino hasta 1986 cuando el gobierno de Estados Unidos convirtió en delito el "lavado de dinero". En los últimos 20 años, cientos de miles de millones de dólares han sido gastados por el gobierno y las empresas de Estados Unidos en cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero. Si añadimos lo gastado por otras naciones y empresas extranjeras, el costo incurrido sobrepasa el billón de dólares.
Surgen dos preguntas. Primero, ¿acaso los beneficios, sin tomar en cuenta la pérdida de libertad personal, han sido mayores que los costes? Segundo, si el 20% de lo gastado –digamos 200.000 millones de dólares– hubieran sido utilizados en contra de terroristas potenciales, narcotraficantes y demás grupos criminales, en lugar de mantener esas leyes y regulaciones en contra del lavado de dinero, ¿habría sido eso mejor y más efectivo? Lo grave es que nadie puede contestar esa pregunta, pero es evidente que estas leyes y regulaciones no han sido nada eficaces en relación a su coste.
Cuando los políticos y burócratas promulgan leyes y regulaciones que son innecesariamente costosas hacen tanto daño como los ladrones y asaltantes de caminos.
El exceso de regulaciones no es un coste trivial y en Estados Unidos se estima que alcanza una cantidad de alrededor del 8% del Producto Interno Bruto, o sea unos 3.500 dólares por cada hombre, mujer y niño que vive en este país. Y en Europa, la situación es todavía peor, al gastarse un porcentaje mayor del PIB en el cumplimiento de las regulaciones gubernamentales.
Ahora no son solamente los gobiernos nacionales, estatales y locales los que imponen regulaciones, sino que cada día más son inventadas por las burocracias internacionales que no le tienen que rendir cuentas a nadie, como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la Agrupación de Fuerza de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés). Estos organismos emiten regulaciones que tienen que ser cumplidas por empresas y personas, sin realizar ningún análisis serio de coste-beneficio.
Hace un par de años recomendé que las legislaturas ampliaran el derecho de los ciudadanos, empresas y asociaciones de demandar a las agencias gubernamentales que impongan injustas y costosas regulaciones que restringen nuestra libertad, de manera que los costes sean reembolsados si se gana el pleito. Es hora que nuestros congresistas se ocupen de este importante asunto.