Quizás lo más negativo de estos diez años de autocracia de Hugo Chávez es que la confrontación, la agresión, la discriminación y la violencia ahora forman parte del día a día del venezolano. Amargo es el recuerdo de los más de 20.000 trabajadores de la petrolera estatal PDVSA y los otros miles de la Lista Tascón apartados de sus puestos. O las marchas y concentraciones de los opositores al Gobierno atacadas y disueltas por las fuerzas policiales y militares, como también por los círculos bolivarianos y demás grupos de choque del chavismo.
Ahora, luego de haber perdido algunas gobernaciones y alcaldías de importancia emblemática y en la carrera hacia la enmienda para instaurar la perpetuidad del mandato de Hugo Chávez, la persecución, la discriminación política y la violencia oficial se recrudecen.
Por un lado, desde el Palacio de Miraflores y los poderes oficialistas, grupos radicales violentos están saboteando a autoridades regionales y municipales recién electas, con el objeto de imposibilitar su gestión. Ejemplos sobran. Uno de los más insólitos fue la obstaculización con golpes, garrotes y bombazos de la toma de posesión del gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas. Otro es el ataque sistemático a la Alcaldía Mayor de Caracas. Las oficinas de la Alcaldía fueron casi destruidas antes de entregarlas al nuevo alcalde, Antonio Ledezma. El colmo ha sido que, durante el fin de semana, una turba chavista violenta, que se ha adueñado del centro de Caracas, le impidió a Ledezma entrar a su oficina ante la vista impasible y complaciente de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional.
Esta misma violencia oficial, o terrorismo de Estado, es la que se aplica a quienes manifiestan públicamente su oposición a la enmienda inconstitucional para reelegir a Chávez, sean estos los medios de comunicación o la Iglesia o, en especial, los estudiantes. Chávez les ha sometido al escarnio público, al lanzar una campaña contra ellos acusándolos con "pruebas" falsificadas de intentar quemar el Parque Nacional del Ávila, la montaña norte del valle de Caracas. Incluso Chávez ordenó "al ministro de la Defensa, al ministro del Interior, al jefe de la Policía Metropolitana: el que salga a quemar un cerro, unos árboles, a trancar una calle, ¡me le echan gas del bueno y me lo meten preso!", refiriéndose a las protestas del Movimiento Estudiantil. "¡Si no lo hicieran me raspo a los jefes responsables, me los raspo a toditos!", aseguró.
La Fiscalía se dedicó inmediatamente a "investigar" el supuesto intento de incendiar el Ávila, en contraste con el triste hecho de que ningún poder público ha dicho nada contra el grupo de ataque La Piedrita, muy activos lanzando bombas lacrimógenas contra la Nunciatura Apostólica y contra la casa de Marcel Granier, presidente de Radio Caracas TV.
Queda claro que como buen autócrata y discípulo de Norberto Ceresole, Chávez cree en la violencia como herramienta política legítima para alcanzar sus metas.