En los primeros cinco meses de 2007, en Venezuela se vendió la cifra récord de 172.081 vehículos, un 54,3% más que las 111.549 unidades vendidas en el mismo período de 2006. Pero más que el incremento sea descomunal en las ventas de vehículos, lo que impresiona es que en lo que va de año, sólo fueron ensambladas en el país 58.191 unidades, apenas 2.373 unidades (4,3%) más que las ensambladas aquí para mayo de 2006. Mientras tanto, las unidades importadas ascendieron a 113.890 unidades, más del doble (104,4% ó 58.159 unidades) que durante el mismo período de 2006. Es más, el volumen de vehículos importados es casi el doble de lo que se produce en el país. Así, el 64,5% de la demanda está siendo satisfecha a base de importaciones.
El que la producción venezolana no haya crecido a la par de la demanda se debe, principalmente, a que nuestra industria automotriz está operando actualmente muy cerca de su capacidad instalada. Según los analistas, la industria podría estar produciendo algo más si no fuera por la infinidad de trabas burocráticas que ha impuesto el Gobierno, en su camino hacia el socialismo del siglo XXI.
Para comenzar está el sinfín de solvencias de presentación obligatoria, entre ellas, las del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), la del Seguro Social y, sobre todo, la Solvencia Laboral, que constituye un verdadero vía crucis para el industrial. A esto se le suman los engorrosos trámites aduaneros y el requerimiento más pernicioso y obstaculizador de todos: el Certificado de No Producción Nacional emitido por el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio. Algunos piensan que esas trabas forman parte del esfuerzo para racionar la salida de divisas. Sin embargo, si se escruta un poco más, lo que se encuentra es la red de ineficiencia e incapacidad técnica que está deglutiendo al Estado.
Que la industria automotriz venezolana no haya aumentado más su capacidad de producción de vehículos es atribuible al deterioro que sufre todo el sector industrial, tras ocho años de una férrea política anti empresarial aplicada por el gobierno de Hugo Chávez; una política que ha estado repleta de fuertes restricciones, controles y desincentivos a la inversión y a la producción, amén de la ausencia de seguridad jurídica y respeto a los derechos de propiedad. Hoy son muy pocos quienes se aventuran a invertir en el país, ante el temor de no poder recuperar su inversión en el futuro.
La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) informó de la deprimida situación del sector en un estudio titulado Cerco empresarial. Desde 1998, el número de empresas industriales en Venezuela se derrumbó de 11.117 en diciembre de 1998 a 6.756 en diciembre de 2005. Y las más afectadas por el exceso de regulaciones y de tramitaciones oficiales, como también por la escasez de divisas para realizar importaciones, han sido las pequeñas y medianas empresas. Mientras el número de grandes empresas industriales ha disminuido en un 11%, el 42% de las pequeñas y medianas industrias han desaparecido. Ese es el logro del socialismo del siglo XXI.
