Una de las últimas y pésimas decisiones del Gobierno de Chávez fue la promulgación de la Ley Orgánica que Reserva al Estado de Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos y la consecuente expropiación de empresas de servicios petroleros.
Se trata de una absurda confiscación de las compañías encargadas de los procesos de inyección de agua, gas y vapor en los campos petroleros del país, a sabiendas de que son procesos muy complejos que requieren mano de obra muy especializada y calificada, por lo que esa tarea siempre era encomendaba a empresas privadas profesionales y tecnificadas. Al asumir la estatal PDVSA esa función, su falta de experiencia puede significar una caída de la producción petrolera venezolana de 1.050.000 barriles diarios, la mitad de la producción, según las cifras del Gobierno.
El daño se extiende a decenas de pequeñas y medianas empresas especializadas en procesos específicos y con experiencia de 20 hasta 80 años que también han sido objeto del despojo revolucionario y que ha generado desempleo y desespero en la zona petrolera. Lo que no se entiende es por qué el Gobierno quiere matar a la gallina de los huevos de oro, que le ha permitido comprar conciencias y atrincherarse en el poder.
Unos dicen que es porque PDVSA está quebrada y no puede pagar sus elevadas deudas. Otros aseguran que es porque el Ejecutivo de Chávez es un enemigo acérrimo de todo lo que sea propiedad privada. Algunos consideran que la visión gubernamental es cortoplacista, sesgada y omnipotente, lo cual lo ciega respecto al negro futuro que está gestando para el país. Los más mal pensados creen que les está pasando la factura a los habitantes de Zulia, la población que le ha negado el voto en cada elección que se ha realizado en ese estado; lo que supuestamente buscaría sería quebrar ese estado para luego tomarlo por asalto. Muchos más sostienen que es el conjunto de todo lo anterior.
En lo que todos están de acuerdo es que este nuevo atropello es una enorme metedura de pata que acarreará más demandas contra PDVSA y contra Venezuela en los tribunales internacionales; un encarecimiento de la deuda o la exclusión de PDVSA del mercado crediticio; la congelación de los planes de inversión en los proyectos de producción de gas por parte de las empresas petroleras, un incremento en los costes operativos; una mayor destrucción de la capacidad de producción y, por ende, un colapso más rápido de la empresa petrolera estatal.