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Robert J. Barro

Aciertos y desaciertos económicos de Bush

La política económica de la administración Bush sigue con sus altibajos. Algunas políticas funcionan, otras no.

El mayor éxito fue, sin duda, la rebaja de los impuestos de 2001, lo cual continúa beneficiando a la economía. Hubiera sido mejor si los recortes se aplicaran más rápidamente y si los cambios beneficiaran más a las inversiones. Pero tales cambios son remotos mientras los demócratas controlen el Senado.

Las peores medidas económicas han sido en el comercio internacional, especialmente en acero, agricultura y madera, como también en disciplina fiscal respecto a educación y sanidad. El gobierno parece estar dejando que las investigaciones sobre fraude empresarial se conviertan en una cacería de brujas, lo cual intimidaría a la iniciativa privada por largo tiempo. Claro que el peor ejemplo es el temerario ataque al sector financiero por parte el Fiscal de Nueva York, Eliot Spitzer. Pero me parecen risibles los ataques de Spitzer a la eficiencia en seleccionar acciones, como en el caso de Jack Grubman de Salomon Smith Barney, quien aplaudió por mucho tiempo, al menos en público, el futuro de WorldCom. Los economistas no creen mucho en las recomendaciones de corredores.

Otra preocupación es la política monetaria. A lo largo de la era Volcker-Greenspan, la Reserva Federal ha reducido las tasas de interés cuando la inflación se mantenía baja y cuando la economía estaba débil, usando especialmente como medida el crecimiento del empleo. Esto condujo a la tasa sumamente baja en los fondos federales de hoy, 1,75%, dejando poco espacio a nuevos estímulos a través de reducciones adicionales en la tasa. En algún momento habrá que cambiar la política monetaria de su preocupación por la inflación a más bien impedir el tipo de deflación que prevalece en Japón. Esperemos que la Reserva Federal esté preparada para enfrentar la deflación, si esta llegara a suceder.

Aplaudo la intervención en la huelga portuaria de la costa del Pacífico, aunque haber actuado antes hubiera sido mejor para la economía. El sindicato portuario, con diez mil afiliados, ha utilizado su fuerza para conseguir aumentos de sueldos por encima de los 100 mil dólares anuales. Actualmente, lo que quieren es impedir la utilización de equipos que aumenten la productividad, lo cual pondría en duda la posición monopólica del sindicato. La administración Bush debiera seguir más de cerca el buen ejemplo de Reagan, a principios de los años 80, en su actuación contra otro sindicato intransigente, los controladores de vuelos. Reagan emergió de esa confrontación más popular que nunca.

Otro problema de la política económica de Bush es el mal uso de la legislación contra monopolios. La Ley Sherman de 1890 prohibió cualquier acción que fuese una “conspiración para restringir el intercambio o comercio entre los estados o con naciones extranjeras”. Pero las leyes Clayton (1914) y Wagner (1935) de hecho exceptuaron a los sindicatos de las leyes antimonopolios. Sería bueno que la administración introdujera una ley para que las empresas y los sindicatos sean tratados de forma equilibrada. Después de todo, un monopolio del empleo en un sector afecta adversamente a la economía.

También afecta el exceso de capacidad. Respecto al capital, la aplicación de las leyes antimonopolios impide la consolidación donde más se necesita. En el sector de las telecomunicaciones, el Departamento de Justicia (y la Unión Europea) impidieron en el año 2000 la fusión de MCI y Sprint. Ahora es difícil encontrar a una industria con más capacidad no utilizada y donde la consolidación sea más lógica. De igual manera, el gobierno impidió la fusión de líneas aéreas, como United y U.S. Airways, a pesar del exceso de capacidad. Más recientemente, el gobierno impidió la fusión de dos empresas de televisión por satélite –EchoStar Communications y DirecTV–, aunque su fusión hubiera fomentado la competencia en el más amplio mercado de las señales de televisión. Si no podemos lograr un mejor sistema, mejor será que revoquemos toda la legislación antimonopolios.

Robert J. Barro es profesor de Economía de la Universidad de Harvard y académico de la Hoover Institution.

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