Al virrey Marqués de Croix en el siglo XVIII se le atribuye haber dicho que los mexicanos “habían nacido para obedecer y no para opinar en los altos asuntos del gobierno”. Su caracterización de nosotros era típicamente la de un representante del “señor” absoluto frente a sus desposeídos “súbditos”. Los gobiernos del PRI siguieron considerándonos súbditos sin verdaderos derechos. Pero, quizás lo más triste era que muchos mexicanos aceptábamos ese status sin chistar. El gobierno no era nuestro y nosotros no teníamos responsabilidad sobre él. Si pagábamos impuestos era porque no había más remedio. Los mexicanos seguíamos siendo súbditos de un gobierno que no era nuestro. Los impuestos eran verdaderos tributos que nos imponía la elite predadora que nos esquilmó por décadas. Hoy, las cosas comienzan a cambiar.
El 2 de julio pasado, los mexicanos elegimos a un gobierno para que nos sirviera. El voto mayoritario fue respetado y un nuevo grupo político se hizo de las riendas del poder. Los que llegaron saben que los mexicanos contamos con una poderosa arma, la ciudadanía y el derecho al sufragio que esta conlleva. Saben que su mandato esta limitado por la ley y el tiempo. De ser “señores” todopoderosos se convierten en “servidores públicos”, al tiempo que nosotros pasamos de ser “súbditos” a “ciudadanos”.
Pero, la ciudadanía que ahora comenzamos a gozar también implica obligaciones graves. Dos son las fundamentales. Pagar impuestos para sostener a nuestro gobierno y también defenderlo con las armas si esto fuera necesario. El pago de impuestos y el servicio de las armas son las obligaciones básicas del ciudadano. Estas obligaciones derivan directamente de nuestra ciudadanía. Ser ciudadanos implica sostener y defender lo que es nuestro. En cambio, los “tributos” y la “leva” son las onerosas cargas que los “señores” les imponían a los “súbditos”. En lo externo estas obligaciones pueden parecer idénticas, pero en un caso es la pura fuerza, la coacción externa, la que nos obliga y en el otro es la convicción interna que tenemos sobre la legitimidad de la autoridad. Hoy en México, ya nadie puede dudar de la legitimidad del gobierno que elegimos libremente.
Pero hay impuestos e impuestos. Los buenos impuestos no distorsionan demasiado las decisiones económicas de los ciudadanos comunes y corrientes. Aun los gobiernos legítimos –aquellos que cuentan con el apoyo mayoritario de sus ciudadanos– pueden imponer gravámenes que son perniciosos. Por desgracia hay demasiados de estos. Estos son los impuestos que afectan la racionalidad económica, los que afectan negativamente el crecimiento económico y que al final empobrecen a todos los habitantes.
Durante demasiados años los gobiernos creyeron que su responsabilidad primordial era igualar el ingreso de sus nacionales. Para lograrlo, muchos gobiernos establecieron impuestos progresivos que castigaban, a veces en forma brutal, a los individuos más productivos de la sociedad. El resultado a menudo fue que estos individuos y sus capitales emigraban a otros países donde fueran mejor tratados, enriqueciendo así a sus nuevas patrias. Los impuestos progresivos que gravan la renta producen graves distorsiones económicas que han resultado al final de cuenta contraproducentes. El número de pobres aumenta al tiempo que la productividad total del país disminuye. Y el objetivo deseado de una real redistribución del ingreso no se logra.
Tales experiencias, repetidas una y otra vez en distintos países, han modificado gradualmente las políticas fiscales de los países más desarrollados. En estos, se observa una tendencia a gravar el consumo en forma directa, por ejemplo, el IVA (impuesto al valor agregado) o indirectamente, mediante el impuesto al ingreso del trabajo. Estos impuestos al consumo son más fáciles de administrar y distorsionan mucho menos las decisiones de los agentes económicos. Y la economía general sufre menos.
La reforma fiscal que ahora propone el gobierno foxista es mucho más que un simple aumento de impuestos. Es una reconceptualización de lo que debe ser un sistema fiscal integral en una república de ciudadanos conscientes de sus deberes y obligaciones. Un sistema impositivo moderno, de calidad y sobre todo, responsable ante sus verdaderos dueños, nosotros, los ciudadanos.
© AIPE
Roberto Blum es presidente del CILACE, fundación privada mexicana de estudios públicos.
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