Es común culpar la falta de crecimiento en la economía mexicana a abstracciones populares como “el consenso de Washington”, al eterno villano llamado “neoliberalismo”, o incluso frases indescifrables como “fondomonetarimso desalmado”. Hace poco Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda, ofreció un recuento de las causas del estancamiento en la región latinoamericana que va mucho más allá del circo de fantasías semánticas y de todos los adjetivos que encuentran los intereses especiales, públicos o privados, para contaminar las bases de una sociedad abierta.
Gil Díaz dice, en su ensayo publicado en la revista Fraser Forum del instituto Fraser del Canadá, que los países latinoamericanos no han logrado respetar los principios capitales de la apertura económica y, en el caso mexicano, que no se ha avanzado lo suficiente en las estructuras institucionales de una economía abierta. Esta falla institucional, según su análisis, es la razón principal de la falta de oportunidades y de mayor bienestar.
La ausencia de un sistema judicial eficiente significa que las disputas comerciales no se logran resolver en forma expedita, incluso en forma imparcial; la ausencia de mercados laborales flexibles, a su vez, inhibe la formación de una cultura de productividad; la falta de capital humano debido al sistema educativo indeficiente se traduce en un costo financiero para el contribuyente y en costos de oportunidad para generaciones futuras; y la ausencia de un régimen de derechos de propiedad bien definidos implica un alto grado de atraso en el ingrediente más importante de una infraestructura institucional: falta de confianza en los ahorros, las inversiones y en el comercio en general. Todo esto significa que no tenemos los elementos que dan sustento a la libertad económica, y con ello, las bases de un horizonte de alto crecimiento.
Varios críticos han interpretado este análisis como una reacción defensiva por parte de la tecnocracia, una apología más al dichoso “neo-liberalismo”. Pero se trata más bien de una defensa de la infraestructura institucional de la libertad económica. El mismo instituto Fraser acaba de dar a conocer los resultados del índice de libertad económica para este año y los datos duros que se pueden derivar de este análisis cuantitativo sobre los varios niveles de libertad económica (un análisis realizado en coordinación con varios institutos similares alrededor del mundo) confirman las tesis conceptuales del diagnóstico que ofrece Gil Díaz.
El “Indice de Libertad Económica 2003” presenta la clasificación de un universo de 123 naciones, de acuerdo a su grado de libertad económica. Nuevamente, Hong Kong reafirma el primer lugar en libertad económica, seguido por naciones como Singapur y los EUA. Haciendo uso de 38 diferentes variables para cada país, los autores sostienen que los aspectos capitales de la libertad económica son el intercambio voluntario, la libertad para competir, la protección de las personas y de la propiedad privada. Ian Vásquez, del Cato Institute, dice que “la libertad económica es indudablemente beneficiosa para los pobres, quienes se encuentran en condiciones notablemente superiores en países más libres”.
Entre las revelaciones de este estudio destaca el hecho que la economía mexicana ocupa, por tercer año consecutivo, el lugar 69 entre los 123 países estudiados –con buena perspectiva en materia de comercio exterior y estabilidad macroeconómica, pero con malos resultados en derechos de propiedad y acceso a mercados internos. Entre las conclusiones más importantes del estudio sobresale la relación positiva entre la libertad económica y el crecimiento. Este es un resultado completamente independiente. Los países en el grupo de naciones con mayor libertad económica tienden a disfrutar mayores ingresos por persona que los países en grupos con menores grados de libertad. La falta de libertad económica en la economía mexicana, sobre todo en materia institucional explica gran parte del estancamiento sufrido en los últimos años.
Esto significa que, a pesar de todo, falta mucho por hacer en materia institucional para calificar como un país con alto grado de libertad económica. Esta es una conclusión basada en los hechos, no en una ficción ideológica. En suma, es la diferencia especificada por Gil Díaz entre la prosperidad económica y el estancamiento: dejar trabajar, dejar hacer, dejar comerciar, dejar producir y dejar consumir para vivir mejor.
Roberto Salinas León es director de Política Económica de TV Azteca.
© AIPE
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