A principios de junio, el gobierno peruano en apoyo a la Organización Panamericana de la Salud fue anfitrión de una reunión de expertos para “ayudar a acelerar el acceso al tratamiento del SIDA”. Pero el gobierno peruano, al igual que otros gobiernos de América del Sur, es culpable de buena parte del fracaso del tratamiento de esa terrible enfermedad. Las políticas proteccionistas peruanas dificultan el acceso a medicinas al favorecer a laboratorios locales, contrariando así reglas de la Organización Mundial de la Salud y el sentido común. Lo que logran es que el dinero de los contribuyentes peruanos se desperdicie en medicinas nacionales más costosas y frecuentemente de inferior calidad.
Tal absurdo a lo soviético sería un chiste si sus consecuencias no fueran tan graves. Hay unos 70 mil enfermos de SIDA en el Perú, pero menos de 1% recibe el adecuado tratamiento anti-retroviral. Eso ha destapado la búsqueda de culpables por parte de los medios de comunicación peruanos, mientras que el gobierno, para evitar críticas, culpa a las patentes y a los laboratorios extranjeros de precios excesivos.
La ley peruana 27633 le da preferencia, discriminatoria y proteccionista, a laboratorios nacionales en las licitaciones, incluyendo aquellas de medicinas contra el SIDA. Eso le cuesta al Perú entre 12% y 20% más. Según el informe del organismo de protección de propiedad intelectual, “el tratamiento preferencial dado a los fabricantes locales puede haber significado la compra de algunas medicinas a precios más altos y, por lo tanto, se utilizan ineficientemente los recursos del gobierno”. Eso quiere decir que además de lo 70 enfermos –de los 70 mil– sufriendo de SIDA que reciben tratamiento, entre 80 y 120 personas más hubieran podido recibir medicinas.
Esta política del gobierno peruano va en contra de lo estipulado por el Fondo Global contra el SIDA, Tuberculosis y Malaria que está abiertamente en contra de tratos preferenciales a fuentes locales. Insiste que “la política nacional debe ser consistente con las leyes internacionales… fomentando esfuerzos para la elaboración de medicinas de calidad a los mejores precios posibles para aquellos que las necesitan”. Es irónico que el control de calidad fuera uno de los puntos tratados en la reciente reunión en Lima, lo cual no sería un tema importante si el gobierno peruano no mantuviera sus políticas proteccionistas.
Los expertos saben que la calidad de las medicinas puede ser inferior o no-consistente en los países pobres, lo cual significa que su eficacia es inferior. Y en el Perú, la mayoría de las medicinas nacionales que gozan de preferencia gubernamental ni siquiera se les hace localmente la complicada síntesis química, sólo el proceso secundario, ya que el anterior se lleva a cabo principalmente en la India. Lo mismo sucede en Brasil y Argentina.
La única buena noticia proveniente del Perú es que ese país eliminó varios aranceles que antes se imponían a las medicinas importadas contra el SIDA. Pero ese no es el caso en muchos otros países latinoamericanos. Si en la reciente reunión se hubiera al menos logrado eliminar esos aranceles a las medicinas en todo el hemisferio se hubiera logrado un extraordinario paso adelante en la guerra contra el SIDA. Por el contrario, se declaró la emergencia nacional y se solicitó nueva legislación en apoyo de la producción nacional, con lo cual se seguirá perjudicando a los enfermos de SIDA.
No parece importarle mucho a los políticos peruanos que apenas el 1% de sus compatriotas enfermos de SIDA estén recibiendo tratamiento.
Roger Bate es académico del International Policy Network.
© AIPE
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