El artículo 111.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón dice así: "El Gobierno remitirá a las Cortes de Aragón el proyecto de presupuesto antes del último trimestre del ejercicio en curso". Cuando escribo estas líneas estamos ya en ese último trimestre y no se tienen noticias de que el proyecto de Presupuestos haya sido aprobado por el Gobierno ni remitido a las Cortes, como es preceptivo. ¿Qué pensar de un Gobierno autonómico que incumple su propio Estatuto de autonomía, aquél del que emana su razón de ser?
La primera razón para la perplejidad deriva de la constatación de que a pesar del impresionante entramado administrativo que ha creado este Gobierno, multiplicando órganos y entes de derecho público, incrementando el gasto de una forma disparatada e imprudente, resulta incapaz de cuadrar las cuentas que ha de someter al escrutinio de las Cortes. ¿No hay, todavía, funcionarios suficientes?
Una segunda consideración es que este año, más que ningún otro, debe hallar dificultad en cuadrarlas. Son dos socios en el Gobierno y, aunque no trascienda demasiado, debe haber una tensa negociación interna para repartirse los ineludibles recortes. Porque lo que sí ha trascendido, aunque ya lo diéramos por descontado, es que va a haber importantes rebajas en todas las partidas. Los anuncios de emisión de un importante volumen de deuda pública ya lo hacían prever, aunque gracias a ella los recortes presupuestarios no serán tan graves. Ya lo pagarán nuestros hijos.
Es un hecho que, a pesar del incremento de la financiación autonómica mediante la cesión de tributos por parte del Estado, la recaudación ha caído dramáticamente respecto a las cifras del año anterior. El presupuesto del año en curso, éste en el que estamos, no puede cuadrar, pues el marco macroeconómico es bastante peor del que se nos quiso hacer creer desde instancias oficiales y más ajustadas a lo que los expertos y oposición advertíamos que sucedería.
En un escenario de ajuste forzado por las circunstancias, alguien responsable se preocuparía, no tanto por el evidente esfuerzo de recortar los gastos, como haría cualquier familia o empresa regida responsablemente, sino por la constatación de que no hay ningún esfuerzo reconocible de ajuste estructural, sino puramente cosmético. O de forma más explícita, que se sigue apostando por mantener gastos superfluos, mientras que se recorta lo fundamental. Porque es evidente que Gobierno y oposición, o, más grave aún, Gobierno y ciudadanía tenemos distinta percepción de lo superfluo y de lo fundamental. Así, que un Gobierno anuncie recortes de I+D al mismo tiempo que anuncia la ampliación de la policía trasferida no puede suscitar sino preocupación. O que mientras se anuncian recortes de la dotación de, por ejemplo, Agricultura, con un sector agrario en proceso de desmantelamiento y más necesitado que nunca, no se nos anuncie la supresión de ningún organismo ni ente público, por no hablar ya, como han hecho otras comunidades, de la supresión de Departamentos y consiguiente ahorro de altos cargos y asesores.
Los respectivos consejeros, o el presidente en nombre de todos ellos, podrían exponer ante las Cortes la memoria de actividades de muchos de esos organismos de derecho público creados en estos últimos años y comprobaríamos sin sorpresa que la mayor parte de ellos son inútiles y perfectamente prescindibles. Pero ya aventuro que en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2010 veremos desaparecer muy pocos de ellos, por no decir ninguno. Y es que una de las prioridades del Gobierno ha sido la creación, con nuestros impuestos, de un gran "entramado clientelar" que se resiste a disolver. Es su fuerza. Antes nos arruinará que prescindir de él.