La adopción del término "realidad nacional" en el proyecto de Estatuto de Andalucía ha levantado cierto revuelo. No entiendo que haya sorprendido a algunos. Para empezar, el Estatuto andaluz actual es una copia del catalán aún vigente, pues hace ya veinticinco años Andalucía no aceptó ser menos. Además Chaves inició el proceso de reforma hace tiempo, y lo congeló para mantenerse a la espera de lo que pasara con el nuevo texto catalán, para copiarlo otra vez, y eso han hecho.
No se puede imponer por mucho tiempo un trato desigual a los ciudadanos de un país, situación esta que tiene su origen no en el nuevo Estatuto catalán sino en la propia Constitución de 1978, con los privilegios a vascos y navarros y aquella distinción entre Comunidades de primera y segunda categoría apenas confesada. Fue precisamente el rechazo al intento de meter a Andalucía entre las Comunidades Autónomas de segunda fila lo que explica la fotocopia que se hizo al Estatuto de Cataluña, única Comunidad a la que estaba reservada la primera categoría. Aquel error, aquel horror, se repite ahora otra vez, alimentando más aún un tumor que ha alcanzado ya proporciones descomunales, tras treinta años de crecimiento ininterrumpido.
Autodeclararse nación es una barbaridad, histórica y jurídica, tanto en Cataluña como en Andalucía. No cabe duda de que la reforma del Estatuto andaluz sirve, entre otras cosas, como coartada de las maniobras del PSOE en el caso del catalán. Pero hay también un aspecto que debe tenerse muy en cuenta, y es que si el Estatuto catalán sale adelante, superando la prueba del referéndum y de los recursos al Tribunal Constitucional, garantías que no me tranquilizan lo más mínimo, a las demás comunidades autónomas se les presentará el problema de cómo defenderse de los nacionalistas catalanes (y vascos) en el futuro. Éstos habrán conseguido imponer a los demás una suerte de "bilateralidad asimétrica", que puede ser un arma política y económica terrible. Si durante treinta años de "protección" constitucional hemos asistido a un pillaje continuo, político y económico, con la Constitución desarbolada esa agresividad no hará sino aumentar.
Ante ese panorama, ¿qué hacer? Lo razonable habría sido no haber permitido nunca que llegáramos a ese punto, pero una vez instalados en él la única defensa posible es situarse en un plano de igualdad. Los diputados de las comunidades autónomas con un régimen fiscal especial votan en el Congreso las leyes de presupuestos exactamente igual que un diputado de una Comunidad Autónoma que sí contribuye al régimen general. El que no paga decide en qué se gasta el dinero de los que pagan. Este es uno de los ejemplos más sangrantes de diferencias en derechos y deberes políticos y económicos entre los ciudadanos de este país hoy día, pero podemos pensar en muchos otros. Lo hemos soportado con el País Vasco durante décadas y ahora esa humillación no se corrige sino que se extiende unilateralmente a Cataluña.
Aunque el término "realidad nacional" recogido en los Estatutos sea un disparate, se generalizará, porque todos saben que es el arma para nuevos envites. El término nación no se está utilizando porque una mayoría de la población sienta o desee pertenecer a una nación diferente de la española, sino porque es una poderosa herramienta política y económica. Por eso está en el Estatuto catalán, y por eso estará en el andaluz. Y vendrán muchas otras. Los ciudadanos que residan en aquellas comunidades que no se defiendan por sí mismas y cuenten sólo con la protección de lo que quede del Estado, colonizado además, ya saben lo que les espera.