Las expectativas de la economía española distan de ser tranquilizadoras. Si una cosa debería tener clara el partido en el gobierno es que una crisis económica dispararía las tensiones económicas, sociales y políticas en el país, y podrían conducirnos a una situación difícil de controlar. El Gobierno ha optado este primer año por no tocar nada y esperar, apagando pequeños fuegos. Solbes parece tener poca capacidad para hacer, pero sí alguna para evitar que hagan, que ya es algo, aunque no suficiente. Peor habría sido una política económica imitativa de la francesa o alemana, desde luego, pero esperar a verlas venir es incubar la catástrofe. Las señales son alarmantes.
Solbes avisaba hace poco de que el proceso de revisión constitucional abierto por el partido en el Gobierno en nuestro país puede tener funestas consecuencias económicas. Ojalá fuera sólo eso. Como bien apuntaba Alberto Recarte, la presión competitiva de los grandes países asiáticos desarbolará sectores industriales enteros de nuestra economía, especialmente el textil y el automóvil. En otros países de la Unión Europea la preocupación es grande, pero aquí parecen tomárselo todo a broma. Nuestra economía está aquejada además de una incapacidad competitiva notoria y secular. La agricultura, la construcción y los servicios son sectores relativamente blindados, pero la industria está más expuesta. A todos ellos afecta un mercado laboral mal regulado (excesivamente rígido por un lado, y excesivamente laxo por otro), una dependencia de fuentes de energía cuyos precios tienden a subir (me refiero al petróleo, y esperemos que el dólar no remonte), unas ayudas europeas que desaparecerán bruscamente (será un golpe muy duro, especialmente para algunas regiones), un sistema universitario putrefacto (de investigación mejor ni hablamos), presión fiscal excesiva (en parte para mantener una tupida red de ineficiencias en la que muchos pastorean felizmente), un sector de la construcción dopado con la droga de una demanda que se atenuará (o se parará en seco, ya veremos) y expectativas políticas y económicas más que negras (la fragmentación del mercado español, que afecta a productos y trabajadores, es ya un hecho). Hay un factor más que añade inquietud, y es la presencia en España de un número creciente de inmigrantes, más de cuatro millones residentes legales ya, que permiten, de momento, contener los costes laborales en un país que acaba de salir aún del paro masivo. Si se precipita una crisis económica las consecuencias para el empleo serán especialmente duras, y nos veremos con una bolsa de al menos cuatro millones de inmigrantes legales, y uno o dos más de ilegales, en el paro. Terrorífico.
