Se ve venir desde hace tiempo en qué consiste la estrategia que permitirá un cambio constitucional en España. La idea consiste en aprobar el nuevo estatuto de Cataluña en el parlamento autonómico, y después en las Cortes, previo paso a un referéndum regional, lo que conducirá, si se confirma, a una crisis sin precedentes, pues el nuevo texto será abierta y descaradamente contrario a la Constitución de 1978. Cabe la posibilidad de que nadie plantee la inconstitucionalidad del Estatuto, o de que el Tribunal Constitucional, por las buenas o por las malas, acceda a "reinterpretar" la Constitución (ya hay señales en esa dirección). En caso contrario, con ese conflicto sobre la mesa y un buen repaso de la apisonadora mediática de PRISA, cuyo poder habrá aumentado aún más para entonces, se convocaría un referéndum en toda España. Los términos en los que se plantearía supondrían un claro chantaje, ofreciendo el sí como única posibilidad para "resolver el conflicto". Me cuesta creer que se dé un apoyo mayoritario a un texto constitucional que legitime un golpe de Estado como el que se prepara. Pero con este país nunca se sabe.
La situación en el País Vasco es similar, con un Partido Socialista haciendo de caballo de Troya de los nacionalistas. En el documento Guevara que acaban de aprobar el Partido Socialista se entrega a las tesis del PNV y se ofrecen a servirle, ofreciéndoles gratis la única tajada económica que se puede sacar ya con un nuevo Estatuto: la separación de la Seguridad Social vasca de la del resto de España, con lo que los trabajadores del País Vasco sólo serían solidarios entre ellos, desligándose de los del resto del país. No está mal, viniendo de un partido "de izquierdas" que, además, cínicamente, se presenta como paladín del proceso de integración europea. No hay que esperar a que eso ocurra para poder afirmar que hoy un alemán es más solidario que un vasco con cualquier español. Y es que el País Vasco será de nuevo la cuña que utilicen unos y otros para hacer saltar la Constitución, mediante el chantaje de una tregua de ETA ligada al Plan Ibarreche y a la vuelta a la legalidad de Batasuna, todo ello con la aquiescencia y colaboración activa del Partido Socialista. Después de eso el nuevo Estatuto catalán "entrará solo". Es obvio que los movimientos están coordinados, y que responden a un plan.