El pasado 17 de marzo la Asamblea de Madrid aprobó la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación, también conocida como Ley de Transexualidad.
Es una pena que los madrileños no nos hayan dado los votos necesarios para estar en la Asamblea. No hubiéramos tenido fuerza para impedir su aprobación, pero al menos habría existido debate y la ciudadanía habría conocido el contenido de una ley aprobada de tapadillo.
Al contar con los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP, y al no haber existido grandes diferencias entre los partidos, los medios apenas han hablado de ella. Conviene precisar que el PP no se abstuvo únicamente por cobardía ideológica. Su ley era prácticamente la misma y así lo dijeron, mientras se mostraban apenados por ser excluidos del "consenso".
En nuestra opinión, la ley aprobada es inconstitucional. El estado civil y la determinación del sexo es competencia del Estado, y su inscripción se ha realizar en el Registro Civil, no en ningún registro autonómico. Los derechos fundamentales de los españoles han de ser los mismos en todo el territorio nacional. Es un sinsentido que una persona sea hombre en Madrid y mujer en Segovia.
Con la nueva ley, el cambio de identidad sexual no será una solución a la disforia de género (discordancia entre el sexo físico y el psicológico), sino que será una decisión discrecional de la persona. Cualquier hombre podrá reclamar que se le reconozca como mujer. Y a la inversa. Y no será necesario ningún tipo de diagnóstico ni tratamiento médico, ni de cambio físico interno o externo.
Un planteamiento que lleva inevitablemente a situaciones absurdas e irritantes: un hombre que elija el género femenino podrá evitar la aplicación de la Ley de Violencia de Género. Un chicarrón de 16 años que elija el género femenino tendrá derecho a participar en las actividades deportivas junto con sus compañeras. Y tendrá derecho a cambiarse, aun a pesar de mantener sus atributos genitales intactos, en el mismo vestuario que ellas.
Pero, sin duda, lo más grave de esta ley son las limitaciones que establece a nuestras libertades. Las autoridades tendrán que estar atentas al desarrollo de la identidad de los menores, que podrán ser sometidos a tratamiento hormonal para inhibir su desarrollo en contra de la voluntad de sus padres. Valdrá con la autorización de un juez. Y en caso de que se produzca un conflicto, la ley establece la inversión de la carga de la prueba: si un estudiante universitario denuncia que su profesor le ha suspendido en represalia por su condición de transexual, será el profesor el que tendrá que probar su inocencia. Algo más propio de un régimen dictatorial que de un Estado de Derecho.
La ley incluye una relación de conductas sancionadas con severas multas que pueden llegar hasta los 45.000 euros. Entre ellas está la emisión de expresiones vejatorias contra las personas transexuales.
El problema es que por expresión vejatoriase considera cualquier opinión contraria a los fundamentos de esta ley. Se consolida con esto una tendencia: cualquiera que ose criticar la ideología de género, o emitir una opinión crítica con el islam, o sostener que la izquierda republicana tuvo también su parte de responsabilidad en la guerra civil, puede ser acusado de delito de odio en sus versiones de transfobia, islamofobia o apología del franquismo.
No exagero. Al poco de aprobarse la ley, varios obispos publicaron una carta pastoral en la que manifestaban públicamente su desacuerdo. La reacción fue inmediata: los obispos han sido denunciados ante la fiscalía por delitos de odio. Los representantes de Ciudadanos y PSOE lo han apoyado.
No se trata de las libertades de los obispos, que las tienen como cualquier ciudadano. No estamos ante un debate religioso. Estamos ante algo tan sagrado como el bienestar de los menores, que son "dañados", según la Asociación Americana de Pediatras, por la perversa ideología de género. Así que ciudadanos y obispos, pero también científicos, pasaremos a ser perseguidos legalmente si emitimos opiniones contrarias a la misma.
A diferencia de otros, que se abstienen por evitar que se les critique, en Vox seguiremos hablando alto y fuerte. Y seguiremos trabajando para que los españoles mantengamos nuestra libertad más sagrada: la de tener ideas propias y expresarlas con respeto, dentro del marco de convivencia que nos hemos dado.
