No es del todo falso lo dicho recientemente por el ex prófugo de la justicia y amigo de las FARC Alvaro Leyva Durán. Ese oscuro personaje que inició su carrera política muy ligado a los grupos de esmeralderos, que fue investigado por enriquecimiento ilícito y que tiene una todavía no explicada amistad con los cabecillas de las FARC, aseguró en el Congreso colombiano que si el gobierno no hace el mal llamado canje humanitario de secuestrados por terroristas, el presidente Uribe sería juzgado y condenado por la Corte Penal Internacional.

Y decimos que no es del todo falso porque lo que ha tomado forma en Roma no es un organismo imparcial que pueda poner en la balanza los hechos con objetividad, sino un nuevo tribunal de izquierda. Previendo esa situación, el gobierno de Pastrana estableció una salvaguardia por siete años, no tanto para que la existencia de dicha Corte no fuera a interferir en un proceso de paz con las FARC, sino en espera de la corriente que fuera a instaurarse allí, para entonces sospechosa.

Para la muestra, basta observar el comportamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica y sus fallos ominosos en contra del Estado colombiano, o sea, de todos los colombianos. El más reciente fue por el asesinato de 17 contrabandistas —esa Corte los llama comerciantes— a manos de paramilitares en la región del Magdalena Medio en 1987, ¡hace casi 20 años!

Esta corte de izquierda aduce en el fallo que el Estado estaba (y claramente lo está) obligado a proteger la vida de todos los ciudadanos, pero da por sentado que las Fuerzas Armadas eran cómplices de los paramilitares y, por tanto, según ellos, esos crímenes fueron crímenes de Estado. Pero claro, pierde el tiempo quien pretenda un fallo condenatorio contra el Estado colombiano en caso de haber sido víctima de un grupo de asaltantes —como el caso del entrenador de fútbol Luis Fernando Montoya—, de los muchos atentados terroristas del narcotráfico y mucho menos quienes lo hayan sido de las guerrillas comunistas, por extorsión, secuestro, tortura, asesinato o todas las anteriores. No importa que algunas manzanas podridas de los organismos gubernamentales tuviesen participación en esos casos o que hubiera manifiesta negligencia.

Y pierden el tiempo porque en estos tribunales de izquierda creen lo mismo que los integrantes de la ONG danesa Rebelión, quienes siguen empeñados en apoyar a las FARC, no tanto en lo económico pues lo que mandan es apenas limosna para un grupo mafioso, pero sí en lo político, alegando que el gobierno colombiano es ilegitimo y que la “lucha” de la guerrilla es “justa”. Lo mismo creen los miles de europeos que enviaron hace unos días 3.600 cartas en apoyo a las Madres de La Candelaria de Medellín, quienes luchan por la liberación de sus hijos, unos secuestrados y otros desaparecidos. Una de las cartas dice: "Sepan que aunque soy partidario del combate a favor de la población colombiana que desarrollan las FARC, estoy escandalizado por el hecho de que hayan secuestrado a Ingrid y a tantas personas".

De manera que esas cortes seguirán siendo complacientes con la izquierda y castigarán duramente a quienes hayan sido un hueso duro de roer a sus pretensiones, sin importar cuánto haya que torcerle el pescuezo a un argumento para hacer ver como realidad lo que no lo es. Así, mientras los generales de las Fuerzas Armadas de Colombia posan de asesinos para estos tribunales, los terroristas aparecen como emancipadores. Y, volviendo a las palabras de Leyva, ¡qué trofeo de caza sería para ellos el presidente de Colombia! ¡Con qué anhelo estarán preparando el expediente, con ayuda de los Petro, Carlos Gaviria y similares!

El chiste final de Leyva ha sido retar al presidente Uribe a que desista de su intento reeleccionista a cambio de que él (Leyva) también renuncie a cualquier aspiración política, para adelantar un intercambio humanitario “en sólo seis meses”. Es que en realidad estamos entre payasos y verdugos.