Se pretende hacer creer a los colombianos –y al mundo– que el acuerdo alcanzado con las FARC en materia de justicia garantiza la no impunidad. Sin embargo, la realidad no puede ser más evidente: no habrá penas efectivas de prisión sino de restricción de la libertad, y se otorgarán amnistías e indultos, a pesar de que se había prometido lo contrario, por delitos políticos y sus conexos, entre los que ya se incluyó el de narcotráfico y se quiere agregar el abominable de secuestro, como propone nada menos que el fiscal general de la Nación.
Precisamente el fiscal general Eduardo Montealegre explicó de forma inequívoca a qué se refiere eso de la restricción de la libertad. Muy simple. Aquel integrante de las FARC que reconozca la comisión de uno o varios delitos, por graves que estos sean, será condenado a una pena de entre cinco y ocho años, pero el castigo consistirá en restringir su movilidad a una ciudad o una región, con la gabela de que podrá hacer política, o sea poder elegir y ser elegido.
Podría ser, incluso, que el penado reciba la sanción de realizar trabajo comunitario, lo que podría abarcar desde barrer calles hasta escribir libros o dirigir un partido político. Es decir, tareas comunes que son realizadas a diario por miles de colombianos honestos y que no pueden considerarse como castigos ejemplarizantes sino como penas de mentiritas que en nada se compadecen con los horribles e innumerables crímenes de estos antisociales. Así que, si esto no es impunidad, ¿qué es impunidad?
Para justificar estas aberraciones, el comisionado de paz Sergio Jaramillo tuvo el cinismo de argumentar: "¿De qué le sirve al país meter a unos señores a la cárcel, como se hizo con los paramilitares por cinco u ocho años, mientras el país está cubierto de bandas criminales?". Como quien dice, ¿para qué encerrar un sicario, un ladrón o un violador si mañana habrá otros matando, robando y violando? Lo curioso es que solo se perdone a las guerrillas comunistas y no a todos por igual.
Si los paramilitares no hubieran sido encarcelados por ocho años gracias a la Ley de Justicia y Paz (1.400 cabecillas según la Fiscalía), habría sido imposible desmontar su actividad criminal y estarían notablemente fortalecidos por su participación en el narcotráfico. Aun así, justo ahora que están empezando a salir de las cárceles por pena cumplida (aunque a los 14 máximos líderes, extraditados a EEUU en 2008, aún les faltan décadas), hay desconcierto e indignación por la brevedad del castigo en comparación con la gravedad de sus crímenes. Entonces, ¿qué decir de este acuerdo que exime a los guerrilleros de ir a la cárcel y les abre las puertas de la política?
Por si esto no fuera demasiado, a las FARC les están dando la atribución de escoger a sus jueces y hasta de juzgar a sus enemigos. Desde ya se puede asegurar que los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz estarán conformados por magistrados proclives a la subversión y que su trabajo se enfocará a perseguir a militares, políticos y empresarios que hayan sido un obstáculo para la toma del poder por parte de las FARC.
Meses atrás, el mismo Sergio Jaramillo advirtió a los empresarios de que la Fiscalía investiga a 13.000 de ellos por colaboración con los paramilitares, y el ministro de Justicia, Yesid Reyes, señaló que cualquier colombiano podría comparecer ante ese tribunal. De hecho, el exmagistrado Juan Carlos Henao, uno de los arquitectos de este modelo de justicia transicional, advierte de que "nadie tiene fuero frente al Tribunal para la Paz". De ahí que Anncol, la agencia noticiosa de las FARC, publicara en su cuenta de Twitter una amenaza contra los empresarios –"pongan sus barbas en remojo"– y que otro portal fariano afirmara que también el presidente Santos debe ser juzgado.
En su momento, los paramilitares dominaron medio país, y para financiarse extorsionaron a miles de personas que hoy son señaladas como colaboradoras y cómplices de sus delitos. Tendrán que reconocer crímenes que no han cometido para purgar hasta ocho años de cárcel, porque ellos no recibirán amnistías, o 20 años si no los reconocen. Será una cacería de brujas contra la oposición, jamás vista.
Obsesionado con el Nobel de Paz, Juan Manuel Santos arrodilló la Justicia en contra del sentir de más del 80% de los colombianos, que en todas las encuestas claman cárcel para estos terroristas. Pura impunidad, por más que el Gobierno quiera hacer ver otra cosa.