Hace unos días, Esteban González Pons, uno de los peperos encumbrados por el dedo de Rajoy y personaje que infunde desconfianza en cuanto abre la boca (yo no le compraría ni una barra de pan), nos cantaba la palinodia por enésima vez con motivo de la salida de la cárcel del asesino De Juana Chaos: "Es un deshonor para la democracia", "Una humillación para las víctimas", "La sociedad ha fallado"... hasta llegar al último refugio en el que todo se diluye y nadie debe responder por nada: "Todos somos culpables".

Pues no, don González, un servidor y la inmensa mayoría de los españoles no somos responsables de que el criminal se vaya de rositas. Sí lo son los políticos que abolieron del Código Penal anterior los aspectos más duros con los delincuentes mientras reforzaban las garantías para que se sigan riendo de nosotros; y también lo son los juristas que día sí y día también insisten en poner en la calle a forajidos y gentuza sin entrañas agarrándose a especiosidades chistosas: al uno porque dice sufrir depresiones en la cadena, al otro porque asegura estar enfermo y a otra –¡qué jueces tan cariñosos!– para que pueda quedar embarazada en un clima psicológico propicio.

Enternece tanta dulzura dedicada a asesinos asquerosos, aunque no tanto como el burladero que se han buscado jueces y políticos: el llamado Código franquista, un burladero de talanquera doble. La primera, esgrimida triunfalmente por pesoes y peperos, es achacar la reducción de penas a aquella compilación legal, por supuesto olvidando que si se aplicara aquel Código, hace años que se habría ejecutado al De Juana, con lo cual nadie se acordaría de él, ni estaría en situación de burlarse de nosotros. Demasiado arroz para tan poco pollo, pero habría sido así. Mas ya ni siquiera se trata de reimplantar la pena de muerte, tan sólo se reclama por parte de algún padre destrozado (los de Mari Luz Cortés o Sandra Palo, por ej.) o algún jurista consciente de sus obligaciones (hay algunos) que se instaure la cadena perpetua, y lo dicen a medio gas, en voz bajita, al aclarar: "revisable". No se atreven a pedirlo con rotundidad por la mala imagen que le han creado entre progres y tontines de la derecha, aunque, gran paradoja, una mayoría sustancial de españoles está a favor de imponerla a criminales especialmente repulsivos.

La segunda línea del burladero consiste en aseverar campanudos que "nuestro ordenamiento jurídico", o "nuestra Constitución", no admiten la posibilidad de cadena perpetua –como si fuese la palabra de Dios–, de forma que los escasos juristas que dan la cara se dedican a argumentar en terreno de leguleyos, buscando resquicios por los que colar la medida, en vez de cortar por lo sano y poner el asunto en los términos que entiende la gente a la perfección y en los que tendrían el apoyo popular: si hay que cambiar un párrafo, o dos, de la Constitución, se cambian, ¿dónde está el problema?

Sin embargo, lo más gracioso –en algo tan trágico– es que unos días después de haber González Pons cargado la responsabilidad del "fracaso de la Justicia" sobre el "todos somos culpables", se descuelga su compadre Federico Trillo –crisol de lealtades y de prudente verbo– desengañando al personal: olvídense de la cadena perpetua, ése no es el debate, nosotros, los que sabemos, ya hemos decidido que no, que no hace falta y etc. Así pues, en tanto don González lloriquea difuminando responsabilidades, su amigo don Trillo nos conmina a abandonar toda esperanza: la Justicia y la legislación son suyas, de los políticos, y no van a remover sus pasteleos –con lo peligroso que eso es– porque asesinen a una niña, o a cincuenta, o porque al De Juana le hayan salido baratos sus veinticinco trofeos. Aquí, lo importante de verdad es la fotografía, pero si los mandarines y propietarios de la política y la justicia se oponen a la perpetua, que se opongan y se retraten, pero sin el padre de Mari Luz Cortés.