John Walters, director de la Oficina Nacional de Control de Drogas, recientemente sorprendió a la prensa al admitir que los 3.300 millones de dólares del Plan Colombia, ahora en su cuarto año, han fracasado en reducir significativamente la cantidad de cocaína que ingresa al país. Pero apresuradamente añadió que se espera avanzar en ello en un futuro cercano.
Los comentarios del llamado zar de las drogas siguen un ya conocido y triste modelo. Cada nueva iniciativa de Washington en reprimir la importación de drogas se anuncia con bombo y platillos. En su fase inicial, algunos logros aislados son presentados como evidencia de que la estrategia funciona, pero al poco tiempo no queda duda de que el influjo de drogas no se detiene. Entonces, los funcionarios admiten que el asunto es más difícil de lo que pensaban, pero que seguirán insistiendo y que el éxito está a la vuelta de la esquina. Cuando tales predicciones resultan irreales, se archiva el programa y ruidosamente se anuncia un nuevo plan.
Esto es lo que está pasando con el Plan Colombia. El gobierno de Clinton comenzó el programa el año 2000 y a los pocos meses los funcionarios de Washington alardeaban sobre la cantidad de plantas de coca que estaban erradicando con fumigaciones desde el aire. Tales alegatos de éxito continuaron hasta hace poco. En su más reciente informe, el Departamento de Estado sostuvo que las tierras cultivando coca en Colombia se habían reducido de 170.000 hectáreas en 2001 a 113.300 hectáreas en 2003.
Tales estadísticas suenan impresionantes, pero no toman en cuenta dos factores importantes. Primero, aunque el área dedicada al cultivo de coca en Colombia puede haberse reducido, ha aumentado considerablemente en Perú y Bolivia. Esto revirtió la tendencia de mediados y fines de los años 90, cuando las enérgicas medidas antidrogas financiadas por EEUU en Perú y Bolivia redujeron el cultivo en esos países, sólo para que aumentara considerablemente en Colombia y se extendiera a nuevos países como Ecuador y Bolivia.
Segundo, inclusive si últimamente el área total de cultivo de coca se ha reducido ligeramente en toda la región andina, los narcotraficantes se han vuelto más eficientes. En otras palabras, ahora pueden producir la misma cantidad de cocaína con un número inferior de plantas. El resultado es que la cocaína que fluye hacia EEUU y hacia otros mercados sigue siendo abundante, como hasta el mismo zar de la droga ahora admite.
La corrupción relacionada con el tráfico de drogas en la policía y militares colombianos es notoria. El mes pasado, el comandante de la policía de una de las principales provincias productoras de drogas y su asistente fueron despedidos luego que misteriosamente desaparecieron 80 libras de cocaína que habían sido decomisadas. Ese es el más reciente de una serie de escándalos que incluyeron la renuncia del jefe de la Policía Nacional cuando se supo que miembros de esa fuerza recibieron sobornos por más de un millón de dólares para que devolvieran unas dos toneladas de cocaína que habían sido decomisadas a los narcotraficantes.
El Plan Colombia no ha logrado más éxito que las iniciativas anteriores. Y pese al tenaz optimismo del zar de la droga, ese patrón no se modificará ni el año que viene ni en los próximos diez años. Uno, entonces, se pregunta cuántas veces tienen los funcionarios norteamericanos que seguir haciendo lo mismo antes de darse cuenta que están en un callejón sin salida. Dados los inmensos márgenes de ganancia que hoy existen debido a que las drogas son ilegales, las campañas para reducir la oferta están condenadas al fracaso. Ya es tiempo que el Sr. Walters y los demás que diseñan las políticas antidrogas reconozcan esa realidad.
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