En inmigración, como en otros tantos asuntos, la decisión más importante es escoger quién va a tomar la decisión.
Debería ser incluso demasiado trivial como para que hiciera falta decirlo, pero las decisiones sobre quién puede venir a los Estados Unidos y vivir entre los norteamericanos deberían ser tomadas por éstos. Sin embargo, desde hace años esa decisión está en manos de mexicanos que viven en México, además de muchos otros que eligieron cruzar nuestra frontera sur impunemente. Todos ellos sabían que si eran atrapados, en el peor de los casos serían devueltos a su país y podrían volverlo a intentar.
Muchos ni siquiera tendrían que enfrentarse con esa eventualidad. Fueron puestos en libertad dentro de los Estados Unidos, con instrucciones de presentarse a las autoridades para continuar con los procedimientos legales de expulsión. Pero ¿por qué habría que esperar que obedecieran esa obligación cuando en primer lugar no obedecieron la ley que prohíbe cruzar la frontera sin autorización?
Nada de esto es noticia de última hora ni hace falta ser un genio para imaginarse cuáles han sido las consecuencias y qué sucederá en el futuro. Ambos partidos políticos saben lo que está sucediendo y ambos escogen no ver, no hablar y no oír. Ninguno quiere arriesgarse a perder el voto hispano, aunque es dudoso que todos los hispanos estén a favor de las fronteras abiertas. El resultado final han sido promesas vacías sobre controlar la frontera, flanqueadas de diversos planes para legalizar a los inmigrantes ilegales, que intentaron hacernos tragar con declaraciones fraudulentas que insultaban nuestra inteligencia.
El primero de estos fraudes el argumento de que la economía "necesita" inmigrantes ilegales para ocupar "puestos de trabajo que los norteamericanos no quieren". Ambas partes de este argumento pasan por alto una palabra clave de seis letras: sueldo. Prácticamente todos los empleos serán rechazados por los norteamericanos si el salario es lo suficientemente bajo. Tampoco existe motivo para que el sueldo suba si hay inmigrantes ilegales disponibles pagando poco.
Después está el fraude de la "reunificación familiar", que afirma que no podemos mantener separadas a las familias de los inmigrantes ilegales que están viviendo en los Estados Unidos, sino que tenemos que dejar que vivan juntos. Con todos los países que hay sobre la faz de la tierra, ¿por qué tienen que ser los Estados Unidos de América el único en el que una familia puede vivir unida? Sin ir más lejos, los inmigrantes ilegales pueden volver a estar con los suyos en el lugar desde el que vinieron.
El gran fraude de todos es la afirmación de que tenemos que tener una reforma de la inmigración "exhaustiva", es decir, tratar simultáneamente el control fronterizo y el estatus legal de los inmigrantes ilegales que ya están aquí. No existe ningún motivo lógico por el que estos dos temas deban ser incluidos en una misma ley, aunque existen motivos políticos por los que los congresistas quieran hacerlo. Aprobar medidas de control de fronteras que puedan ser descritas como "duras" le da al Congreso una tapadera bajo la que aprobar sin que se le echen encima la legalización de los ilegales. Así pueden estar con ambos bandos de la polémica, que es donde los políticos quieren estar la mayor parte de las veces.
Desde el punto de vista del país, sin embargo, es urgentemente importante que los dos temas sean tratados de manera separada, y que no se estudie el asunto de la legalización hasta que el control fronterizo esté establecido primero de manera demostrable. De lo contrario, el pueblo norteamericano seguirá recibiendo promesas de políticos con un largo historial de promesas rotas, sobre todo en inmigración, mientras los inmigrantes ilegales obtienen beneficios irrevocables, ellos y unos cuantos millones más que entrarán sin permiso. El año pasado, el soborno al pueblo norteamericano fue la promesa de una barrera en la frontera. Este año, la gran pregunta es: "¿Donde está esa barrera que nos prometieron?" Y esa seguirá siendo la pregunta dentro de diez años si dejamos que los políticos nos tranquilicen con palabras.
El único aspecto positivo de todo esto es que los esfuerzos combinados de la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, junto con la mayor parte de los medios, han fracasado hasta la fecha en convertir el fraude de la inmigración en una ley nacional aprobada y en vigor. Es una desgracia que lo hayan intentado, pero también una saludable señal del sentido común del pueblo norteamericano que aún no hayan tenido éxito.
