Las amenazas de muerte vertidas contra los ejecutivos de AIG a cuenta de las bonificaciones que recibieron son una muestra más de la degeneración total que sufre la política actual.

El congresista Barney Frank amenazó con convocar a estos ejecutivos y obligarles a revelar sus domicilios, lo que, por supuesto, pondría a sus esposas e hijos a merced de cualquier tarado deseoso de hacerles pasar un mal rato.

Al margen de los asuntos políticos o económicos, las cosas no deberían resolverse de este modo en los Estados Unidos. Aún no somos una república bananera, pese a que éste sea el modelo que algunos políticos quieren que adoptemos (especialmente esos que tanto se llenan la boca con "compasión" o con "justicia social").

Lo que convierte las críticas a los directivos de AIG en una tremenda y dolorosa ironía es que quienes más tuvieron que ver con la creación de los riesgos que nos ha conducido a la crisis económica son quienes más los atacan.

Por ejemplo, nadie presionó más a los bancos y demás instituciones financieras para que redujeran sus estándares crediticios sobre las hipotecas que el congresista Barney Frank. Esta degradación de la calidad de los préstamos es la causa última del impago de las titulizaciones hipotecarias y de la crisis.

El senador Christopher Dodd desempeñó un papel similar al de Barney Frank y ahora los dos convocan a los directivos de instituciones financieras para que sirvan de carnaza ante los medios de comunicación.

Dodd y Frank saben que la mejor defensa es un buen ataque. Son conscientes de que tienen un papelón a la hora de defender su actuación durante esta debacle inmobiliaria, de manera que pasan a la ofensiva contra quienes no tienen poderes similares a los suyos, dada la capacidad punitiva del Congreso.

No hay palabras para expresar la bajeza de esta estrategia política. Tampoco las hay para expesar lo caro que nos sale.

Es una táctica baja porque los políticos están desviando la atención de su responsabilidad al votar a favor de la legislación que permitía que las compañías rescatadas con dinero público –como AIG– siguieran pagando bonus a sus directivos. Si los miembros del Congreso ni siquiera se molestan en leer las leyes que aprueban, carecen de legitimidad para luego encabezar el pelotón de fusilamiento contra quienes sí leyeron esas leyes y actuaron en consecuencia.

Del mismo modo que hace un par de años todo el mundo se consideraba "experto militar" para poder decir que el incremento del número de efectivos en Irak no iba a funcionar, ahora también parece que todos tienen más que sobrados conocimientos para hablar sobre el salario de los directivos.

Si los ejecutivos que recibieron las primas eran los responsables de los problemas actuales de AIG o no –o simplemente fueron otra víctima de la crisis internacional– es algo que quienes no pertecenemos a la empresa no sabemos. Y eso incluye a los políticos y a los medios de comunicación que más se escandalizan.

Los políticos afirman estar protegiendo el dinero del contribuyente. Pero lo cierto es que su intervención sobre cada decisión que toma una empresa terminará causándole a esa empresa pérdidas económicas, dilapidando igualmente el dinero del contribuyente.

Las titulizaciones de hipotecas subprime derribaron a las instituciones financieras pero fue el Estado quien provocó que esas hipotecas fueran de alto riesgo al obsesionarse por incrementar como fuese el número de viviendas en propiedad. En otras palabras, precisamente cuando los políticos controlaron cada palmo del sector inmobiliario se gestó el desastre actual. ¿Por qué iba a ser distinto en lo que concierne a la gestión de la industria automovilística o de los salarios de los altos directivos?

El verdadero objetivo de estos individuos es espolear la envidia y el resentimiento contra personas que ganan mucho dinero. A la envidia siempre se la camufla tras el eufemismo de la justicia social. Pero montar un circo mediático a costa de poner en riesgo la seguridad física de los hijos y las esposas de los ejectutivos sólo demuestra lo bajo que han caído nuestros "salvadores políticos".