De todos los insultos a nuestra inteligencia que hemos tenido que oír en las discusiones sobre las leyes de inmigración, el mayor es la afirmación de que la legislación de control fronterizo y la que verse sobre los inmigrantes ilegales que ya están en el país tienen que ir juntas. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si se promulgan por separado? ¿Quién saldrá peor parado?
La afirmación de que las dos partes de la legislación tienen que ser aprobadas al mismo tiempo ha sido repetida constantemente. Pero la repetición sin fin no es un argumento coherente.
En el centro de este asunto está la pregunta de si el Congreso o la administración Bush están dispuestos a abordar seriamente tanto el control de las fronteras como el que las cifras y el tipo de inmigrantes a los que se permita entrar en este país sea decidido en Estados Unidos, no en México.
Cualquiera que sea el número o el tipo de inmigrantes que Estados Unidos quiera admitir en este país, esa decisión no significa nada a menos que el límite sea implementado en las fronteras. Tampoco hay ningún modo de saber con antelación lo efectivo que cualquier método de control fronterizo resultará en la práctica.
El único modo de saber si vallas, guardias nacionales o todo lo demás funciona es esperar y verlo antes de extender una amnistía total a millones de extranjeros ilegales, garantizando virtualmente que millones más los seguirán, igual que ha ocurrido en el pasado.
Unir ambos asuntos en un paquete de acuerdos en el Congreso no tiene nada que ver con el control fronterizo. Simplemente consiste en intentar lograr el voto hispano sin perder los votos de otros norteamericanos. Consiste en permitir a los políticos votar en ambos bandos de este asunto con el fin de cubrirse las espaldas políticamente. Una vez que esa ley sea aprobada, la garantía para los ilegales es inmediata y sus consecuencias permanentes para ellos y para las sucesivas generaciones de su descendencia. Pero lo que ocurre realmente en la frontera se queda en el aire.
Puede ser significativo que, con todo el debate acerca de las precondiciones a fijar para que los inmigrantes ilegales obtengan la ciudadanía americana, no se haya dicho nada acerca de uno de los modos más fáciles de obtenerla sin tener que aprender inglés ni hacer absolutamente nada. Las mujeres embarazadas procedentes de México simplemente atraviesan la frontera y tienen sus bebés en hospitales americanos. Esto genera un ciudadano americano instantáneo que no puede ser deportado y cuyos miembros de la familia serán difíciles de deportar. Aquellos que afirman que "se controlan las fronteras" con esta legislación de compromiso ni siquiera hablan de esto, de modo que tampoco intentan hacer algo al respecto.
Volvamos a preguntarnos lo que sucede si la legislación de control fronterizo fuera a aprobarse separada de la legislación de amnistía, en lugar de en el presente paquete. En primer lugar, descubriríamos quién trata con seriedad el asunto del control de fronteras, especialmente si la cuestión de la amnistía (llámese como se quiera) se pospone durante un período definido de tiempo, con el fin de ver lo que ocurre en la frontera antes de tomar cualquier medida irrevocable.
¿Quién perdería algo por esta consideración separada de las dos partes de la legislación? El país no perdería nada. Tampoco los extranjeros ilegales ya en el país. Los mayores perdedores serían los políticos. Ya no podrían estar más a ambos lados votando a favor de un paquete de compromiso, sino que tendrían que levantarse y ponerse del lado del control de fronteras.
Algunos afirman que los demócratas intentarían paralizar una ley que ofrecería control fronterizo por separado. Bien. ¡Déjeles! Deje que muestren sus verdaderas intenciones en un año electoral, y después que afronten a los votantes en otoño. Por supuesto, esos republicanos que o bien son dúctiles o bien comparten las opiniones de los demócratas también perderían el disfraz político de ser capaz de votar a ambos lados del tema de la inmigración.
Pero el país saldría mejor parado no comprometiéndose a garantizar la permanencia de millones de extranjeros ilegales y toda su descendencia sin obtener a cambio nada más que piadosas esperanzas de poder controlar la frontera.
En cuanto a la supuesta imposibilidad de poder aprobar la legislación de inmigración por separado, esa afirmación ya ha sido refutada por aquellos que la hicieron. El Senado acaba de aprobar una ley que permite que los extranjeros ilegales cobren prestaciones de la Seguridad Social incluso si fueron contratados con tarjetas de la Seguridad Social robadas o falsificadas.