Siempre se creía que el petróleo y los demás recursos naturales beneficiaban a las economías nacionales que los poseían, pero desde 1965 el crecimiento económico mundial ha mostrado una relación inversa con la posesión de tales recursos. Los países con recursos naturales abundantes comercian menos, reciben menos inversión extranjera, sufren de más corrupción y peor educación, a la vez que de menor inversión nacional.
Los países más ricos incluyen a Hong Kong, Japón, Singapur y Suiza, los cuales no deben su riqueza a la naturaleza, mientras que en otros como Estados Unidos y Gran Bretaña los recursos naturales juegan un papel poco importante en el ingreso nacional.
Por otra parte, en los países en desarrollo hay claros ejemplos de verdaderas riquezas naturales, pero así y todo no han logrado mantener un crecimiento sostenido. Las investigaciones efectuadas muestran que una abundancia de recursos naturales más bien afecta negativamente el crecimiento al fomentar la corrupción, el deseo de vivir de las rentas, hay menos inversión y menor énfasis en la educación.
La abundancia de recursos naturales tiende a reducir los incentivos a ahorrar y a invertir, desacelerando así el crecimiento económico. Y basándonos en el principio de que instituciones bien desarrolladas contribuyen al buen uso de los recursos incluyendo los recursos naturales, encontramos que lo contrario también es cierto: instituciones débiles, particularmente las financieras, dificultan el ahorro, la inversión y el desarrollo económico.
Los altos ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales, especialmente cuando van acompañados de derechos de propiedad mal definidos y de mercados imperfectos, conducen a lo que los economistas llaman rent-seeking, es decir, la obtención de altas utilidades a través de favores políticos y distorsiones del mercado. Esto desvía las inversiones y la actividad económica de donde lograría mayor eficiencia y bienestar hacia donde resulta políticamente más conveniente. La protección contra la libre importación y el compadrazgo mercantilista disparan la corrupción tanto en el sector gubernamental como en el privado, incrementando las distorsiones y reduciendo la eficiencia económica.
Desde luego que la riqueza natural puede coexistir con bien definidos derechos de propiedad, mercados eficientes, un estado de derecho y una vibrante economía de mercado, pero la abundancia de los recursos naturales tiende más bien a impedir el establecimiento de las instituciones requeridas por el crecimiento económico.
Mi investigación también muestra mayor deterioro y reducción de las inversiones en educación en los países con mayor riqueza natural. Los gobiernos de esos países gastan menos en educación y también creen que pueden darse el lujo de darle la espalda al libre comercio y a la eficiencia burocrática.
Virtualmente todos los miembros de la OPEP sufren de estos mismos síntomas. Entre 1965 y 1998 el PIB per cápita de esos países petroleros cayó en un promedio de 1,3% anual. Sorpresivamente, en los once países miembros de la OPEP, al mismo tiempo que bajaba el ingreso per cápita aumentaban las inversiones a 23% del PIB. Como demostró la Unión Soviética, no es suficiente invertir, sino que las inversiones deben ser eficientes.
Venezuela es un ejemplo del fracaso del desarrollo económico de un país muy rico en petróleo. Veamos algunas de sus estadísticas: Tasa de inversión 1965-1998: 18,9%. Tasa genuina de ahorro 1970-1998: 2,0%. Crecimiento per cápita 1965-1998: 3,0%
En los casi 100 países estudiados a lo largo del período 1965 a 1998, un país con una proporción de capital natural (recursos naturales) 10 por ciento mayor:
exporta 4% menos con relación a su PIB
tiene un crecimiento de 0,3% menos
sufre de mayor corrupción
y cada punto porcentual de mayor corrupción significa un punto menos de crecimiento.
De la misma forma, cuantos más recursos naturales, peor educación y menor inversión. Entre los factores que parecen explicar ese pésimo rendimiento es el aprovechamiento por parte de los empresarios locales de las distorsiones económicas inducidas por el gobierno en forma de utilidades generadas por los privilegios políticos obtenidos, la no instrumentación de políticas orientadas al crecimiento económico y la mala definición de los derechos de propiedad.
©AIPE
Thorvaldur Gylfason es corresponsal de AIPE en Reykiavik y profesor de economía de la Universidad de Islandia.
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