La mafia rusa no sólo existe en las películas de Hollywood, sino también en la vida real. En los años 90 cruzó las fronteras de lo que fue el imperio bolchevique y desde entonces sigue su marcha triunfal por el mundo pisando las normas de nuestra civilización. Mientras tanto, la justicia occidental —no se sabe por qué— se muestra cada día más impotente frente a esta lava del volcán de la delincuencia rusa. Si los estadounidenses se resisten todavía, metiendo, de vez en cuando, en sus cárceles a uno u otro mafiosillo de poca monta, los europeos son un completo fracaso. Un ejemplo más de su incompetencia crónica frente a los mafiosos rusos la acaba de demostrar la fiscalía suiza. Ha cerrado el “caso Borodín” que podría ser “del siglo” con los fiscales más profesionales y menos patosos.
Pavel Borodín es un funcionario corrupto estrechamente vinculado con la mafia que ha convertido a una de las más antiguas democracias europeas en un trivial centro de transacciones fraudulentas y una gran lavandería del dinero sucio. Hace un par de años fue detenido en Estados Unidos y entregado a Suiza. Se trata de un personaje conocido: en Rusia cualquier niño sabe que Borodín es el símbolo del crimen organizado desde las alturas del poder. Fue elemento clave en las estructuras del robo de los fondos del Estado montadas en la época del presidente Yeltsin.
Una de las operaciones “más brillantes” de este mafioso fue la reforma del gran palacio del Kremlin. El cambio de inodoros palaciegos le costó al hambriento contribuyente ruso más que construir diez palacios nuevos. La “operación” fue realizada con la ayuda de un albano-kosovar, Bedjet Paccoli, un mafioso afincado en Suiza, cuya empresa contrataba a obreros turcos, pagándoles 200 dólares al mes. Según los datos de la prensa rusa, Borodín recibió por haber contratado a Paccoli una comisión de unos 60 millones de dólares. Los blanqueó en Suiza antes de compartirlos con los miembros de la familia de Yeltsin. Por supuesto, no fue el único caso de las operaciones delictivas de Borodín en Suiza. Dirigía todo un imperio económico-financiero en Moscú, tenía grandes “negocios” con los capos más importantes de la mafia. Y el primer servicio que prestaba a sus compinches era el blanqueo de dinero, gracias a sus “contactos” suizos.
Por cierto, no es la primera vez que la fiscalía del país alpino fracasa ante la mafia rusa. Hace tres años salió libre de la cárcel suiza Serguye Mijailov, alias Mijás, el padrino del crimen organizado moscovita. No es ni funcionario del estado, ni tiene comprado al presidente. Es un antiguo camarero, asesino y extorsionista. Pero los fiscales suizos tampoco han podido con él. Y eso a pesar de que sus delitos eran evidentes: además de blanquear el dinero se hizo con un palacio en los Alpes de forma completamente ilegal. Pero los fiscales no pudieron comprobar nada y hasta le pagaron una gran indemnización por el “daño moral” que sufrió en la cárcel.
Pero lo peor de todo es que no sólo la fiscalía suiza fracasa en los casos de la mafia rusa. Lo mismo pasa en otros países europeos, especialmente nórdicos. España no es ninguna excepción. Sólo recordaremos el caso “Gusinski” cuando los tres jueces, famosos por haber liberado a “El Negro”, soltaron al estafador mafioso ruso-judío, proclamándole “demócrata” y “luchador por la libertad de prensa”.
¡La justicia europea va bien, señores!
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