Un grupo de defensores de los derechos humanos ucranianos entregaron al Consejo de Europa unas grabaciones magnéticas que, según ellos, demuestra el protagonismo del presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, en el macabro asesinato de un jóven periodista. En esta cinta, previamente presentada en la Verjóvnaya Rada (parlamento ucraniano), aparece la voz de Kuchma. El mandatario ordena a su ministro del Interior, Yuri Krávchenko, y a jefe de su Administración, Vladímir Litvín, que acaben con el periodista y, posteriormente, les regaña por no haber borrado a tiempo todas las huellas del crimen.
El redactor jefe del diario digital “Ukrainska Pravda” (La Verdad de Ucrania), Georgui Gongadze, conocido por sus revelaciones sobre la corrupción en las esferas más altas del poder, fue secuestrado el pasado 16 de septiembre tras una larga campaña de amenazas por parte de las autoridades. Su cadáver, decapitado, fue encontrado recientemente en un bosque en la región de Kiev. El líder de la oposición centrista en el parlamento, Alexander Moroz, que sacó a la luz este escabroso escándalo, declaró públicamente que su país está dirigido por unos “criminales asesinos”. Moroz juró ante el parlamento que la grabación es auténtica. La indignación ha alcanzado tales dimensiones que hasta varios diputados del partido nacionalista “Ruh”, uno de los pilares de Kuchma, manifestaron su deseo de participar en la investigación parlamentaria.
No obstante, las autoridades ucranianas se oponen a cualquier tipo de investigación. Han impuesto una ferroz censura sobre el asunto y abrieron un proceso judicial contra Moroz por “desprestigiar al líder de la nación”. El mismo presidente, en una intervención televisiva, acusó a la oposición de un complot, “orquestado por servicios secretos extranjeros”. Al mismo tiempo, la policía esconde los restos del periodista lo que no permite su entierro. Al parecer, temen que este entierro pueda convertirse en disturbios populares contra el régimen. En estas circunstancias la oposición y los defensores de los derechos humanos han decidido recurrir a la opinión pública europea.
Y la única fuente de información para los ucranianos sobre el caso, denominado ya como “kuchma-gate”, son los medios de la vecina Rusia. Un representante de Moroz reveló, recientemente, a estos últimos que la grabación fue realizada por un “patriota” infiltrado en el cuerpo de guardaespaldas presidenciales. Actualmente se encuentra en el extranjero por razones de seguridad personal. El nombre y el grado de este agente no fue dado a conocer, pero se informó de que está dispuesto a declarar en un juicio contra el presidente. Y más, se rumorea que posee datos sobre la falsificación de los resultados del último referéndum de Kuchma que le otorgó poderes dictatoriales.
Mientras tanto, Ucrania figura en el número seis de la lista de los “Estados enemigos de la prensa”, elaborado por el Comité Internacional para la Defensa de Periodístas. Las prácticas de imponer censura y perseguir a los profesionales de comunicación son más que evidentes en este país.
Kuchma está también acusado por la oposición de haber desviado de los fondos públicos unos 13 millones de marcos alemanes (1.140 millones de pesetas). Hay que recordar que el anterior gran escándalo político en Ucrania estuvo relacionado con el robo de 2.000 millones de dólares (372.000 millones de pesetas) por el antiguo primer ministro e íntimo colaborador del presidente, Pavló Lazarenko. Huyó a Estados Unidos donde fue procesado el verano pasado por blanqueo de dinero.
Todo esto tiene como telón de fondo un enorme desastre económico. Los ucranianos, especialmente la gente con carrera universitaria, ocupan el primer lugar entre los ciudadanos de la antigua Unión Soviética que emigran a España. Los antiguos profesores, ingenieros, científicos y militares prefieren trabajar en la limpieza, construcción y recogida de patatas que morir de hambre en su propio país.
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