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Víctor Gago

Menores a la fuga

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha informado de la huida de, al menos, treinta inmigrantes menores de edad acogidos en centros de esta ONG en la Comunidad canaria. Javier Marrero, portavoz de la CEAR, no duda en asociar las fugas a la difusión del reciente acuerdo de Madrid y Rabat para la repatriación de menores de Marruecos que han entrado ilegalmente en España. Los jóvenes – sostiene CEAR – comprenden que van a ser reintegrados a sus familias y han desaparecido, aprovechándose del régimen abierto del que disfrutan en los centros de acogida que el Gobierno regional y los Cabildos confían a oenegés como la CEAR. En Canarias, cerca de 500 chicos extranjeros se benefician del modelo de beneficencia pública del Gobierno nacionalista de CC (Coalición Canaria).  El sistema de gestión indirecta por ONG descansa en dos principios, la irresponsabilidad y la ineficiencia, por eso es el más caro de los posibles.
 
El modelo es irresponsable porque los políticos populistas no saben qué hacer con los inmigrantes ilegales y, por el contrario, algunas ONG politizadas y codiciosas que ocupan esa laguna mental sí saben perfectamente qué hacer a costa de ellos: lanzarlos contra el sistema de vida que los acoge.
 
Los gobernantes se desentienden del cuidado de los menores, pagando a ONG para que se ocupen. El gasto en asuntos sociales y de atención a los inmigrantes previsto por la Administración autonómica para 2004 es de 15,6 millones de euros, un 19 por ciento más. A estos, se añaden 64,8 millones para programas de protección del menor, una dotación que aumenta en un 48,8 por ciento con respecto al año anterior. El gasto de funcionamiento de los centros asistenciales se duplicará este año, según ha presupuestado el Gobierno. Además, las subvenciones a “instituciones sin ánimo de lucro” se incrementan en un 2 por ciento, y alcanzarán en 2004 los 174,2 millones de euros.
 
Las ONG, instituciones supuestamente sin interés político o económico y organizadas, no como empresas, sino como burocracias paralelas, se encaraman en un ilusorio pedestal de objetividad, que la mayoría de la Prensa (por no decir toda) y los mismos gobernantes populistas reconocen, sin esfuerzo de verificación, como fuente fehaciente y moralmente autorizada.
 
Cuando la CEAR admite la desaparición de treinta jóvenes marroquíes de sus CAME (así designan los burócratas de esta organización altruista sus Centros de Atención a Menores), la noticia se difunde en todas partes con el mismo dibujo: el acuerdo de España y Marruecos es un fiasco. Según este enfoque, las evidencias objetivas cuyos datos son proporcionados por una aséptica y abnegada ONG demuestran, una vez más, el fracaso de la política de inmigración del Gobierno. Nadie formula, en cambio, dos sencillas cuestiones al portavoz de la CEAR: 1) Por qué antes del acuerdo se denunciaba justo lo contrario, es decir, la saturación de los centros de acogida y el bloqueo de las repatriaciones; y 2) Qué negligente o cómplice conducta de esta ONG facilita a los menores su fuga e impide a las autoridades conocer su desaparición en el momento en que se produce y, sobre todo, localizar a los huidos.
 
El borrón de un trabajo negligente no es nuevo en la hoja de servicios de la CEAR. A finales de 2001, el Gobierno regional decidió rescatar un centro de menores de Gran Canaria gestionado por la ONG, en el que se perpetraron violaciones y torturas entre internos. Si las bases de este modelo de beneficencia fueran la responsabilidad en el cuidado de los menores, la garantía de seguridad de la sociedad que los acoge y la eficiencia de los recursos, la CEAR habría sido inhabilitada para prestar este servicio y desautorizada como fuente veraz y respetable. Nada de eso ha sucedido, sino todo lo contrario.
 
El sistema de asistencia pública clientelar fomenta, además, el derroche porque las ONG, por su tendencia a reproducir lo peor de la burocracia política de la que depende su subsistencia, necesitan, no que las necesidades para las cuales son contratadas se mitiguen, sino, al contrario, que permanezcan como focos vivos de tensiones sociales.
 
Dos meses atrás, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, de CC, envió a un grupo de menores marroquíes tutelados por su Administración a las puertas de la sede de la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno regional, ahora en manos del PP y heredera del modelo de gestión clientelar de la beneficencia trazado por los nacionalistas. Los puso en un avión a Gran Canaria, les dio una dirección y se desentendió de ellos. Es su forma de denunciar la saturación de los centros del Cabildo y la falta de soluciones por parte del Gobierno. La medida enfrentó a ambas Administraciones y reabrió las cíclicas tensiones entre CC y PP. En ningún momento de la polémica, la CEAR o cualquier otra prestigiosa ONG terció con su especialización técnica y moral para denunciar la humillación xenófoba de los chicos, tratados como vulgares fardos por el político nacionalista. Son las situaciones de conflicto o de tensión, no las perspectivas de solución a los problemas (como la que aporta el acuerdo de España y Marruecos), las que alimentan las opciones de presión y de poder del llamado “tercer sector” de las ONG. Sólo así pueden seguir recaudando y medrando para reemplazar la entera organización de la sociedad; que, no nos engañemos, es su verdadero objetivo.

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