Coalición Canaria (CC) ha decidido que la planificación central de la economía no es suficiente para librar al Archipiélago de la "carga" de los ciudadanos peninsulares y comunitarios que llegan para establecerse, y promete, además, vigilar a los doce millones de turistas para que no permanezcan un sólo día más en las Islas Afortunadas, una vez se hayan gastado aquí todo su dinero. La federación nacionalista, mezcla efervescente de partidos toponímicos, de antiguos dirigentes del Partido Comunista (PCE) que asistían invitados a las escuelas de verano de la Stasi, y de organizaciones asamblearias curtidas en la teología de la liberación y el sandinismo, acaba de dar a conocer su última propuesta electoral en política de Residencia, que tanto le obsesiona. Consiste en imponer a los turistas un visado temporal para entrar en el Archipiélago, interrogarles a su llegada sobre el tiempo que piensan quedarse y cuánto van a gastar, y exigirles un billete de regreso cerrado. CC promete llevar esta medida hasta el final, y dice que hay que expulsar a los visitantes que permanezcan en el Archipiélago por más tiempo del que declaran a su llegada y del que les permite su tarjeta de crédito.
Por supuesto, ni CC, y tampoco un simple Gobierno autónomo, pueden hacer nada de todo esto, o de lo contrario estarían invadiendo el fuero exclusivo de la Administración central de la Nación. La coalición insularista es consciente de lo inviable y descabellado de esta ocurrencia, como lo han sido otras suyas recientes, derivadas de la misma aprensión xenófoba. Sin embargo, su táctica no es explicar propuestas realistas, sino fomentar un determinado estado de Opinión, objetivo que está alcanzando con facilidad. Los frutos vendrán después, a su tiempo.
Isidoro Sánchez, eurodiputado de CC, llegó a pedir el pasado 3 de enero la aplicación en Canarias del artículo 39 del Tratado de la Unión Europea, que establece limitaciones a la libre circulación de ciudadanos comunitarios "por razones de orden público, seguridad y salud públicas". La coalición gobernante en la región acarició la idea de una Ley de Residencia, hasta que el Comité de Expertos formado por el presidente Román Rodríguez, precisamente con el fin de avalar doctrinalmente esa iniciativa, ha concluido que no tiene respaldo jurídico posible. Con todo, el mismo Comité ha rendido todo un repertorio de alternativas para "descargar" las Islas de foráneos, al alcance de un Gobierno de marcada orientación populista, lo bastante ligero de escrúpulos como para pasar por encima del principio de libre circulación de personas que constituye uno de los pilares de la Unión Europea y, al mismo tiempo, seguir demandando a Bruselas el máximo grado de protección y subsidio del sistema económico local.
La Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo, que se aprobará el próximo viernes, es el instrumento de planificación que el Comité propone para disuadir, cuando no para prohibir directamente, el establecimiento de residentes nacionales y comunitarios. El grupo de trabajo integrado, entre otros, por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (también asesor del presidente de la Comunidad Autónoma Vasca en el desarrollo del llamado "plan soberanista"), recomienda, además, que Canarias demande a la Administración del Estado competencias delegadas sobre establecimiento y administración de los cupos de inmigrantes extranjeros no comunitarios.
El presidente Rodríguez dijo la pasada semana que, por ahora, la planificación central de la economía y de los recursos naturales a través de las Directrices, combinadas con medidas coyunturales, como la de una "moratoria" de la segunda residencia, serían suficientes, por el momento, para repeler los flujos de foráneos. CC no lo ve exactamente así, y quiere también una fluida repatriación de turistas; eso sí, sólo después de haberles exprimido la cartera.
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