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Walter Williams

Políticas progresistas, víctimas negras

Uno de nuestros derechos básicos es el derecho a defenderse contra los maleantes. Si el Gobierno no puede o no quiere protegernos, tenemos derecho a protegernos a nosotros mismos.

El año pasado, de entre las diez ciudades más grandes de Estados Unidos, era Filadelfia la que registraba el mayor número de homicidios, llegando a las 406 víctimas. Este año podría superar con comodidad las cifras del año pasado, al contabilizarse 240 crímenes hasta la fecha. Otras ciudades como Baltimore, Detroit o Washington D. C. con una nutrida población negra, padecen los índices de asesinato y crímenes violentos más elevados del país. Esta elevada tasa de criminalidad ha sido y es, principalmente, un problema negro.

Según estadísticas del Departamento de Justicia, entre 1976 y el 2005, los negros, pese a ser el 13% de la población, cometieron más del 52% de los homicidios y fueron el 46% de las víctimas de asesinato. El 94% de esas víctimas negras fueron asesinadas por otro negro. Pero los negros no son sólo las principales víctimas de homicidio; también padecen tasas elevadas de todas las categorías de crímenes violentos serios, y casi siempre el autor material es otro negro.

Los progresistas y sus aliados políticos afirman que el problema es la fácil accesibilidad a las armas de fuego, y que la solución es un mayor control de armas. Eso es necesariamente una estupidez; no son las armas las que cometen delitos, sino las personas.

Hasta 1979, el FBI informaba de las detenciones por homicidio clasificadas según unas clasificaciones raciales que incluían un grupo para los japoneses. Entre 1976 y 1978, 21 de las 48.695 detenciones por asesinato y homicidio intencionado fueron de japoneses americanos. Eso se traduce en una tasa de homicidios anual de 1 por cada 100.000 personas. ¿Hay alguien capaz de sostener el argumento de que la razón por la que el homicidio es virtualmente inexistente entre los japoneses americanos es que no pueden conseguir armas?

El gran sufrimiento que padece una comunidad negra en su mayoría respetuosa con la ley es producto, sobre todo, de que los maleantes no tienen que pagar un precio elevado por su comportamiento. Se benefician de todo tipo de excusas ridículas, como la pobreza, la discriminación racial o sus menores posibilidades de empleo.

Yo crecí en el norte de Filadelfia durante los años 40 y 50, donde hoy día tienen lugar muchos de los crímenes de la ciudad. Eran unos tiempos en los que los negros eran mucho más pobres, había mucha más discriminación racial y menores posibilidades de encontrar un empleo o acceder a otras oportunidades disponibles de subir peldaños socioeconómicos. No existía ni de lejos el nivel de delincuencia y destrucción gratuita que existe ahora. El comportamiento que hoy es considerado aceptable no lo era entonces, ni por los adultos negros ni por los policías.

Las autoridades policiales saben con frecuencia quiénes son los delincuentes locales y los señores de la droga y dónde están ubicadas las casas de distribución de sustancias ilegales; sin embargo, diversos tecnicismos legales obstaculizan su capacidad para hacer los registros y arrestos. Los ciudadanos respetuosos con la ley frecuentemente no acuden a la policía ni testifican contra delincuentes por miedo a las represalias, que pueden incluir el asesinato. El nivel de actividad criminal no sólo pone en peligro la integridad física de los residentes, sino que representa un impuesto muy elevado sobre las personas menos capaces de soportarlo. Esa carga extra incluye precios más elevados para bienes y servicios y menos posibilidades de compra porque tanto supermercados como grandes superficies se muestran reacios a soportar los costes de operar en zonas de elevada criminalidad.

De modo que he aquí la pregunta: ¿deberían aceptar los negros el abandono por parte del Gobierno de su función primordial básica, la de proporcionar protección? Mi respuesta es no. Uno de nuestros derechos básicos es el derecho a defenderse contra los maleantes. Si el Gobierno no puede o no quiere protegernos, tenemos derecho a protegernos a nosotros mismos. Si se pregunta si estoy hablando de patrullas ciudadanas, la respuesta es que sí. El diccionario Webster's las como "un comité voluntario organizado para suprimir y castigar el crimen de manera sumaria cuando el funcionamiento de la ley es percibido como inadecuado".

Un ejemplo: hace ya unos cuantos años, los musulmanes negros comenzaron a patrullar Mayfair, un complejo de viviendas protegidas de Washington D.C. infestado de drogas y lleno de bandas. Las bandas y los señores de la droga se fueron, probablemente porque los musulmanes negros no se sentían obligados a leerle a nadie sus derechos. Los negros deberían montar patrullas en sus barrios, armadas si es necesario, y si a los políticos y a la policía no le gusta, que hagan su trabajo. Nadie tendría que vivir con miedo por su vida y su integridad.

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