La estrategia del Gobierno ha demostrado una notable miopía al despreciar el alcance de la ofensiva de Artur Mas por el mero hecho de asentarse en una oficiliadad de pega, sin ninguna validez legal. Y ello no sólo porque, consumado su espectáculo, el líder separatista y los que lo siguen pueden jactarse de haber cruzado la línea roja con absoluta impunidad, sino porque queda claro que Moncloa mira las cosas con el mismo simplismo de Luis XVI cuando, enterado de la toma de La Bastilla, comentó ingenuo: "¡Pero esto es un motín!", a lo que apostilló sabiamente el duque de La Rochefoucauld: "No, Sire. ¡Es una revolución!".
El ejercicio del poder político depende fundamentalmente de que quienes lo ostentan hayan sido capaces de consagrar para ello una fuente de legitimidad. En un sistema consolidado, donde la obediencia se da por garantizada, aquella fuente no se cuestiona y los gobernados se limitan a renovar los cuadros del mando en elecciones periódicas. Por el contrario, lo propio de la revolución es que ya no se reconoce el principio en el que arraigaba el orden establecido, y en su lugar se invoca alguna otra razón que es necesario imponer con toda la autoridad de lo que aspira a convertirse, precisamente, en sustento de la autoridad. Lo esperable, por tanto, es que esos actos que reclaman para sí la fuerza de una ley nueva no tengan asiento alguno en la constitución política previa, y luzcan como auténticas invenciones sin más base ni investidura que las que se atribuyen sus mismos autores. Los señores que el 17 de junio de 1789 decidieron en Francia autoproclamarse "Asamblea Nacional" no habían sido elegidos para tal cosa, sino para participar en los Estados Generales; igual que, durante nuestra guerra de independencia, los miembros de las Juntas y de las Cortes de Cádiz que se decían depositarios de la soberanía nacional no contaban para eso con más títulos que los sancionados por ellos mismos, y así fue como legislaron en nombre de un Fernando VII imaginariamente liberal.
En nuestra edad democrática, por otra parte, cuando lo propio de la acción revolucionaria es que se presente siempre como la auténtica valedora de la voluntad del pueblo, basta con invocar este último y difuso nombre para arrogarse el derecho a la representación política. Para la revolución nacionalista el pueblo era más o menos una raza; para la socialista, en cambio, se trataba de una clase. Hoy en día, cuando la globalización y las investigaciones sobre el ADN han debilitado bastante la idea de raza, y cuando la extensión del bienestar y la disolución del proletariado han hecho lo propio con la de clase, el pueblo es un vacuo expediente retórico al servicio del voluntarismo: quien está dispuesto a echar mano de él no necesita, para delimitar el concepto, otro criterio que su intolerancia. Pueblo será todo el que le apetezca que lo sea, y los que no, simplemente quedarán fuera de tal consideración. Serán entonces otra cosa; por ejemplo, "fascistas".
El trabajo deslegitimador de la propaganda revolucionaria se dirige a que el Estado de Derecho deje de considerarse tal y se transforme en "el régimen". Tanto los secesionistas catalanes como Podemos cifran ahora sus esfuerzos en lograr este objetivo, invocando el espíritu –o más bien los fantasmas– de la España de 1934. Algo comprensible si se tiene en cuenta que, en el último decenio, un ánimo de revancha implacablemente cultivado desde la izquierda se ha encargado de convencer a las nuevas generaciones de que la democracia actual había de tomarse por una estafa si pretendía ser otra cosa que una restauración de los proyectos de la Segunda República. Se empeñan estos nostálgicos en que el orden acordado en 1978 debe juzgarse según los propósitos del Pacto de San Sebastián o de la formación del Frente Popular, y en cambio le escamotean precisamente el mérito que más apreciable lo hace: el de que sus artífices, partiendo de la evidencia histórica de un statu quo, lograsen sin embargo superar éste mediante un prudente trabajo de revascularización democrática del tejido institucional, con el que alumbraron pacíficamente un sistema nuevo por forma y por fondo, y porque su razón de ser y perdurar no era ya la fuerza sino el consenso ciudadano.
Por desgracia, el proyecto fraguado en la Transición supo construir todo menos una cosa: España. Para el presidente del Gobierno actual, es un Estado entendido exclusivamente como ejecutor del derecho la ultima ratio que cabe oponer al secesionismo catalán. Pero ese Estado, en el que los escándalos de corrupción han divorciado la aplicación de la ley del servicio a la justicia, ahora está en crisis, y para el empellón revolucionario es muy fácil presentarlo como un simple régimen. Para colmo, se halla también en crisis la otra forma que hasta ahora ha asumido aquí la cosa pública: la del Estado providencia. Y ello remite asimismo a la falta de una empresa común de la nación española, mucho más que a los recortes: en tiempos de la unificación italiana, la política del ministro Quintino Sella para estabilizar las cuentas según su fórmula de economie fino all'osso, economías hasta el hueso, logró sobreponerse a la inevitable impopularidad y demostrar a la gente que todo aquel sacrificio era necesario para levantar el país. A los españoles de hoy, que contaban con apretarse el cinturón cuando eligieron a Rajoy, no se les puede ganar para lo mismo ante el espectáculo indecente de la rapiña política.
Nuestras instituciones democráticas no podrán por menos que verse avasalladas por sus adversarios si se limitan a dar lecciones de derecho, de economía o de simple disciplina partidista. Será necesario, en cambio, que ofrezcan otra más inequívocamente afirmativa de los valores cívicos que ahora están en juego: una lección de elocuente y comprometido patriotismo.