Desde hace algo más de dos siglos, las constituciones escritas se transformaron en la clave de las aspiraciones del liberalismo para establecer los derechos individuales y para controlar el ejercicio de la autoridad. Había pasado poco tiempo, sin embargo, desde el comienzo de aquel movimiento, cuando ya Cambacérès, eminencia gris de la legislación napoleónica, aconsejaba al corso: "En el país en donde la acción del Gobierno está regulada por una ley fundamental, el gran arte consiste en fortalecer nuestro poder por los medios que ponga esa ley misma". Y si fue entonces la derecha cesarista quien se aplicó en aquel arte de torcer el brazo al Estado de Derecho, un siglo más tarde era la izquierda quien dominaba la técnica con maestría insuperable, incorporada a las mismas instituciones que deseaba derribar. A estas alturas, es mucho lo que se ha adelantado en el perfeccionamiento del fraude constitucional mediante dispositivos cada vez más sutiles, y en bastantes Estados democráticos no es exagerado definir el poder político como el terreno conquistado a la libertad ciudadana mediante sofismas y floripondios aplicados a la ley.
Lo que ha tenido de paradójico el modelo político instalado en España es que ha logrado convertirse en un auténtico anti-Montesquieu sirviéndose precisamente de los mecanismos postulados por el autor de El espíritu de las leyes: los poderes intermedios. Y es que el propio filósofo, que incluso reconocía la conveniencia de mantener privilegios especiales para estas instituciones en las que el poder se desconcentraba, advertía que tal función no podía cumplirse con eficacia si se trataba de órganos más preocupados por "ejecutar la momentánea voluntad del príncipe que por cumplir las leyes fundamentales". Donde allá ponía príncipe puede ponerse aquí el partido, la cúpula o el caudillo que lo manda; en suma, el interés de una facción. Enfrentados a esta evidencia, se hace necesario reconocer que la Transición consistió también en embutir la cultura política de corte corporativista heredada del franquismo en la mentalidad socialdemócrata de un Estado que al ser de todos no es de nadie. La combinación ha resultado explosiva, y ha creado un híbrido de caciquismo populista o de clientelismo autoritario typical spanish. La metáfora del café para todos acuñada para referirse al sistema de las autonomías es hoy una lógica que podría aplicarse a casi cualquier dimensión del Estado: ¿hay acaso alguna institución, desde la Corona hasta los sindicatos, que no tenga los dientes manchados de café?
Lo singular es que, a diferencia de lo que ocurre con americanos y cortados, este café no quita el sueño a quien lo toma, gracias a una licencia que encuentra cómodamente sus cauces en el Estado de Derecho. Mientras tanto, el axioma dura lex, sed lex parece reservar tal dureza para el débil jurídico. Cuesta creer que hasta el más escolástico de los abogados garantistas no se halle hoy en apuros para explicar a sus alumnos, ante la suelta de etarras y peligrosos delincuentes, que la seguridad jurídica se consigue a costa de comprometer temerariamente la seguridad ciudadana. Por añadidura, si hay que sacar pecho de civilista liberal para defender un flagrante divorcio entre el derecho y la justicia, vale decir a la ley lo que Santa Teresa a Dios: "No me extraña que tengas tan pocos amigos, tratándolos tan mal".
Pero Dios es un misterio; el derecho, en cambio, debería dejar bien clara la bondad de sus motivaciones. Lo contrario siembra en la gente el escepticismo y la desafección hacia una legalidad que se juzga absurda y farisea. Este peligro se redobla en un contexto de crisis económica, por aquello que enunciaba Flórez Estrada en su Constitución para la nación española de 1809:
El ciudadano más obscuro e infeliz se contenta con la esperanza, por más lejana que la vea, de poder ser rico algún día, y de que él y sus hijos podrán elevarse a los mayores empleos. Por más débil y fugitiva que sea esta esperanza, le consuela y le hace pronunciar con interés el nombre de patria. Pero si la constitución le quita una esperanza tan lisonjera, se aburre, desmaya, y detesta su suerte y su patria.
Desde luego, y en la medida en que la Constitución se tome como sinónimo del sistema, la reforma de la Carta Magna (ese librito que en ciertos aspectos calla mucho más que dice) podría representar un objetivo insoslayable en el programa de reformas que se acometiera para superar los grandes problemas del país. Pero preocupa la capacidad de los españoles para suscribir un pacto de convivencia si se piensa, como parece haber sucedido hasta ahora, que la sociedad civil consiste en formar piquetes para incendiar el Congreso, o en sustituir las ideas por simples consignas. Es necesario dar una muestra clara de madurez ciudadana, que prepare la mesa del acuerdo nacional para avanzar más allá del "qué hay de lo mío". Por otra parte, la modificación de la ley fundamental no debe tomarse como la lista de peticiones de Bienvenido, Míster Marshall, so riesgo de reproducir lo que hizo en Hispanoamérica el socialismo del siglo XXI, cuyas constituciones pertenecen al género épico-fantástico de las teogonías primitivas, como el Kalevala o el Popol Vuh. Cuatro o cinco temas urgentes son los que habrían de guiar la discusión, sin perder de vista que todo se dirige a unos objetivos irreductibles: fortalecimiento de las libertades ciudadanas, prosperidad sólida y durable y convivencia pacífica de los españoles.