Mi querida amiga Alicia Delibes publicaba hace poco un articulo en Libertad Digital (Las buenas intenciones y la responsabilidad) en el que denunciaba el “desconcierto con el que, en la sociedad española, se vive este fenómeno, para nosotros reciente, de la inmigración”. Tiene toda la razón Alicia de que existe un tremendo desconcierto sobre este tema, pero me temo que somos precisamente nosotros, los defensores de una sociedad libre y abierta, los que tal vez estemos más desconcertados. Excluyo por supuesto a los que piden “papeles para todos” ya que esta postura no cabría calificarla de desconcierto sino de mera aberración mental.
Para ilustrar el desconcierto en que caen “otros”, elige Alicia los argumentos expuestos por Antonio Marzal en ABC que dice reconocer la imposibilidad de “aceptar a diez millones de subsaharianos en Barcelona” y afirma al mismo tiempo que “no se puede negar el derecho que todo hombre tiene de peregrinar por el mundo y pararse pacíficamente allá donde desee”. Efectivamente, existe una paradoja cuando se reconoce el pleno derecho a la libre circulación de los individuos y al mismo tiempo se justifica, o llanamente se defiende, una regulación que inevitablemente limita los flujos migratorios. Estoy convencido de que sólo resolviendo teóricamente esta aparente contradicción se está en el camino acertado para enfrentarse al problema de la emigración con ciertas garantías de éxito. Sólo sería, por supuesto, un primer paso porque el fenómeno es altamente complejo.
Antonio Marzal parece evitar sin más este primer escollo ya que asegura que reconociendo el derecho a emigrar se solucionará el problema, pero Alicia Delibes, que sí se enfrenta al problema, no lo plantea bien y prueba de ello es que pregunta a Marzal: ¿cómo es posible respetar el derecho de todo individuo a vivir donde le plazca y al mismo tiempo evitar que lleguen “demasiados subsaharianos” a Barcelona? Yo le preguntaría a Alicia qué pasaría si en lugar de diez millones de subsaharianos fueran diez millones de andaluces –o 7,5 millones porque no hay más– los que quieren trasladarse a Barcelona. ¿Tampoco caben? ¿Habría entonces que regular también la emigración interior?
Lo que sucede, y este es el punto de partida que hace posible avanzar en tan complejo problema, es que sí pueden caber diez millones de subsaharianos o de andaluces en Barcelona o incluso muchos más. Pero ¿quién debe fija el número, el Estado regulador o la libre voluntad de los individuos? Si diez millones de subsaharianos o de andaluces pueden instalarse y vivir en Barcelona es porque otros muchos millones de barceloneses establecen libre y voluntariamente con ellos contratos de alquileres, laborales y les venden los bienes y servicios que demandan. Ninguna autoridad política puede fijar, por tanto, un número de inmigrantes potenciales porque la casa de acogida es flexible, y no rígida como erróneamente aseguraba no hace mucho el presidente Aznar. El problema siguiente es cómo se establece la libertad de estas contrataciones sin un marco de legalidad jurídica con respecto a otros países y aquí sí que debería tal vez intervenir el Estado. El fenómeno de la inmigración es enrevesado pero lo será mucho más si no somos capaces de afrontarlo con cierta dosis de racionalidad.
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