Imagínense un proceso legal en el que la acusación es la encargada de la custodia de las pruebas.
Imagínense que el juez del caso se entera de la mayor operación policial de la historia,
por la prensa. Y si les llega la imaginación asuman que la versión de la acusación es dada por buena ex ante por las fuerzas de seguridad aunque implique acusar de contrabando a la mayor empresa europea de tecnología. No sólo dada por buena, sino que la acusación toma la dirección de la investigación policial hasta el punto de conseguir "una serie de datos significativos para el desarrollo de esta importante operación contra la piratería".
Y ahora hagan un esfuerzo e imaginen que el país en el que pasa eso es España; no Cuba, ni Guinea Ecuatorial. España. Un país en el que los lobbies de la propiedad intelectual han actuado, hasta la llegada de Internet sin oposición, convirtiendo las trasposiciones de directivas comunitarias en cartas a unos generosísimos Reyes Magos.
Un país en el que las sociedades de gestión de derechos se han enquistado interna y políticamente. Internamente con sistemas de reparto que consolidan oligocracias que desoyen a los propios autores. Políticamente haciendo un discurso de la propiedad intelectual, que como decía Carlos Rodríguez Braun y argumentaba largamente Juan Urrutia en un libro que acaba de publicar Financial Times, no reivindican sino "una extensión artificial de la propiedad". Extensión que es socialmente ineficiente, y así demuestran los profesores Boldrin y Levine en un paper ya clásico publicado en el American Economic Review.
Evidentemente la ley está para cumplirse. Y el procedimiento democrático, lobbies incluidos, están para cambiar las leyes. Cúmplase la ley pero también cámbiese, no vayamos a pasar de un Estado de Derecho a un estado de derechos... de autor.
David de Ugarte, Sociedad de las Indias Electrónicas.
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