El pasado diciembre, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió por mayoría simple pedir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya su opinión sobre la legalidad del “muro”que Israel estaba construyendo como parte de su estrategia contra el terrorismo palestino. Tal decisión, sorprendente porque se salta al Consejo de Seguridad y no respeta los procedimientos ya establecidos por las propias Naciones Unidas para lidiar con el proceso de paz, coloca en realidad al Tribunal de La Haya ante un problema político más que jurídico, cuestión de procedimientos que hace discutible los trabajos que hoy comienzan.
Pero hay más. Más allá de la pura cuestión legalista, conviene aclarar algunos puntos maltrechos por la manipulación política palestina: En primer lugar, el denominado y criticado “muro” no lo es tal. A pesar de las continuas imágenes que se nos ofrecen por las televisiones, el 97% del recorrido no está hecho de cemento, sino de verjas metálicas, apoyadas por cámaras y sensores capaces de detectar intentos de penetración. Sólo allí donde se han producido ataques reiterados de francotiradores, se ha erigido una barrera sólida a base de bloques de cemento.
En segundo lugar, la construcción de la barrera de seguridad, impropiamente “el muro”, ya está dando sus resultados positivos y la prueba está en la drástica reducción de los atentados suicidas en las últimas semanas. Con esto en mente, debe entenderse que los israelíes juzguen el muro, en un amplísimo consenso político y social, como un derecho para su propia autodefensa.
Tercero, la construcción de la barrera, ni es un instrumento para definir una frontera –sólo posible a través de la negociación de ambas partes– ni es una herramienta para expandir los asentamientos. De hecho su trazado coincide prácticamente con las propuestas de Clinton del año2000. En cuanto a la separación de los pueblos y el consabido sufrimiento humano, el 99’4% de los palestinos (casi dos millones) estarán del lado palestino de la verja y sólo unos 11 mil caerán del lado Israelí. A su vez, el 76% de los israelíes que hoy viven en la Franja de Gaza (unos 170 mil) estarán del lado israelí y unos 53 mil (el 24%) del lado palestino.
Que la construcción de la barrera está motivada por el deseo de hacer más dificultosos los atentados terroristas contra Israel queda claro en la medida que puede comprobarse que el trazado de la misma no responde a criterios políticos ni de fronteras, sino de seguridad, algo a lo que Israel está autorizado por la Convención de Ginebra incluso en Gaza.
Por último está el extraordinario consenso sobre la barrera de seguridad en todo el espectro político de Israel. Lo cual es chocante porque supone que la izquierda laborista pierde su esperanza en una integración económica y social entre palestinos e israelíes y porque la derecha se ve forzada a asumir que los asentamientos y el control directo de los territorios ocupados es insostenible a largo plazo. El porqué de la pérdida de estas dos señas de identidad sólo puede explicarse por el terrible azote al que se ve sometido Israel con los atentados suicidas alimentados por la segunda intimada.
El mal llamado “muro” no es una cuestión legal. No al menos en sus aspectos esenciales. Y, por tanto, lo que haga el Tribunal de La Haya no puede ser más que una actuación política. Pero para eso ya hay otras instancias.
GEES: Grupo de Estudios Estratégicos