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Columna publicada el 21-04-2004
Las aguas internautas están un poco revueltas debido al expediente que la CMT ha abierto al Ayuntamiento de Atarfe, por violar la libre competencia. Para ponernos en antecedentes, el alcalde de este municipio había decidido ofrecer acceso a Internet a sus vecinos de forma gratuita en el 2004 y con precios de entre 3 y 6 euros al mes a partir del año que viene. Para ello, garantizan un ancho de banda similar a las conexiones ADSL emplean la tecnología inalámbrica wi-fi. Este sistema se ha usado para crear lo que se denominan redes libres, creadas por grupos de entusiastas y que pueden ser utilizadas por cualquier dispositivo que tenga un dispositivo wi-fi y esté dentro del radio de acción de la red. También la emplean Starbucks y otras empresas para ofrecer acceso gratuito a Internet en sus establecimientos.
Según aquellos que apoyan la iniciativa, este tipo de redes públicas serían imprescindibles para que nuestro país se sume al carro de las tecnologías de la información. Pues si es imprescindible, la verdad, mejor que no se suba. No tengo nada en contra de las redes libres, más bien al contrario, porque se basan en acuerdos voluntarios. Pero es que la oferta de Atarfe tiene truco. El acceso no es gratis, sino que es pagado por todos los atarfeños, incluyendo quienes no lo quieren, a través de los impuestos. Es más, al tener subvención de la Junta de Andalucía, también lo pagan quienes no podrán disfrutarlo nunca.
No es casualidad que la denuncia que ha llevado a la CMT a actuar haya sido presentada por el operador local de telecomunicaciones, TV Atarfe. Esta empresa se verá obligada a sufragar con sus impuestos el proyecto que le quita clientes. Es una situación similar a la de los dueños de cibercafés cerrados para dar lugar a cibertecas públicas, que además ha conseguido que La Rioja sea la última en penetración de Internet. Si hay gente en Atarfe que quiere un sistema wi-fi con el que acceder a Internet de forma barata, que siga el ejemplo de Altorricón, montando una sociedad que les permita compartir los gastos. Pero que no obligue a quien no lo desea a pagarles el acceso.
El alcalde, como buen colectivista, afirma que "el acceso a Internet es un derecho universal y que nadie puede ser dueño de Internet y menos una compañía de teléfonos". Nada es un derecho si se obliga a los demás a sufragarlo involuntariamente. Sólo se puede hablar de derechos si su disfrute no violenta los derechos de los demás. Y, ciertamente, dudo mucho que ninguna compañía de teléfonos sea "dueña" de Internet, ni siquiera del acceso a la red, que parece que es de lo que esté hablando. Pero les aseguro que eso me daría mucho menos miedo a la idea de que sus dueños fueran políticos.
Por vicio profesional, tengo claro que este uso del dinero público es menos malo que la mayoría de los destinos que reciben nuestros impuestos. Pero eso no significa que sea bueno.
Daniel Rodríguez Herrera es editor de Programación en castellano.
