La lamentable situación del sistema sanitario estatal y su deseable e incluso necesaria devolución a la sociedad de vínculos contractuales es un tema tabú en la España y la Europa políticamente correctas de principios del siglo XXI. Sin embargo, una reciente encuesta de opinión del Stockholm Network sobre lo que los españoles piensan acerca de su sistema sanitario arroja resultados que merecen la pena ser comentados y que podrían ayudar a derrumbar ese tabú.
Entre los resultados destaca ante todo la bajísima confianza que tienen los españoles sobre la sostenibilidad o futura evolución del sistema social de (in)seguridad sanitaria. Nada menos que el 80 por ciento de los encuestados piensa que el sistema sanitario no mejorará o incluso empeorará si no se lleva a cabo una reforma en los próximos años. Las listas de espera, producto típico de la nefasta gestión de los recursos en el ámbito público (en el que, para colmo, la aparente gratuidad anima a la demanda superflua), es el problema que más preocupa a los españoles. Tan sólo el 22% de encuestados considera que la sanidad española ofrece un servicio satisfactorio en este sentido. No en vano, en España hay que esperar una media de seis meses para poder realizar una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica en el sistema público.
Según los encuestados la solución vendría dada por dos de las principales características de un sistema privado: La libertad de elección y la calidad de la información al paciente. En efecto, un 78% piensa que otorgando al paciente una mayor capacidad de elección entre médicos y centros hospitalarios, mejorará la calidad de la sanidad y un 76% por ciento piensa que la calidad se puede incrementar a través de más información.
La pregunta –y la subsiguiente respuesta– saltan a la vista. ¿Cómo lograr una reforma de la sanidad española que mejore estos aspectos que demandan los ciudadanos? Una parte de la población ya lo está experimentando. Se trata de los funcionarios españoles que gracias a pertenecer a la Mutualidad General de los Funcionarios Civiles del Estado cuentan con el privilegio de poder elegir entre seguro social público o seguro sanitario privado. Pues bien, más del 80% de estos funcionarios eligen el sistema privado que les ofrece, entre otras posibilidades inimaginables en el sistema público, la visita directa al especialista o la petición de segundos diagnósticos. Los funcionarios españoles, con su elección masiva por el sistema privado, han dejado claro quién soluciona los problemas de información, elección y calidad en el tratamiento de las enfermedades.
Para colmo, al estado le cuesta menos pagar la sanidad de los funcionarios que eligen la cobertura privada que la de los pocos que optan por la pública. Es más, los seguros médicos privados funcionarían aún mejor si la elección entre sistema privado y público no estuviese limitada a este grupo de privilegiados y no fuese el estado quien lo costease a cuenta del empleado. Es decir, si todos fuésemos libres de elegir cómo y por quién queremos ser tratados y pudiésemos pagar el seguro médico de nuestro bolsillo de manera directa.
Desgraciadamente la encuesta también desvela que los españoles no creen que sus políticos adopten esas sencillas recetas económicas para mejorar la industria de la sanidad. De hecho, el 73% de los españoles se ha resignado a pensar que el nuevo e inútil intento de solución política a la triste situación de la sanidad pública se financiará a través de mayores impuestos. Este desencuentro entre lo que el ciudadano quiere y lo que los políticos pretenden imponer podría explicar que tan sólo un 8 por ciento de los españoles considera a sus políticos como una fuente de información fiable sobre la situación de la sanidad y que el 58 por ciento no crea que las estadísticas oficiales sean creíbles. Este desencuentro plantea la encrucijada de nuestro sistema sanitario: Sanidad pública mediocre o privada de calidad, en eso consiste la elección.