El artículo de Pascual Fernández, titulado "La política de cohesión en la UE", publicado en el diario El Mundo el pasado 8 de diciembre, además de representar el intento más serio –casi el único– para explicar lo que España se juega en la próxima negociación sobre el reparto de fondos estructurales y de cohesión correspondientes al periodo 2007-2013, contiene otros datos perturbadores.
Antes de analizar estos últimos quiero hacer referencia a las conclusiones de Pascual Fernández: la propuesta de la Comisión europea supondrá para España pasar de recibir, en promedio, 7.000 millones de euros anuales a recibir casi nada (alrededor de 1.000 millones de euros anuales). La propuesta de los amigos del agotado Zapatero, Francia y Alemania, es mucho peor. Nos tocaría pagar, y mucho.
Y pagar está muy bien, siempre que sea consecuencia de una mejoría de nuestro nivel de renta en relación con el del resto de miembros de la Unión Europea. De hecho, la contribución española lleva varios años subiendo con enorme fuerza, porque nuestro PIB per cápita ha crecido en el pasado mucho más que el de los miembros de la Europa a 15. En un escenario en el que el crecimiento económico español se hubiera mantenido dos puntos por encima del promedio de la Unión Europea, algo que parecía difícil, pero posible, –siempre que se hicieran las reformas, que finalmente no hizo el último gobierno de Aznar–, hace apenas un año, en ese caso España empezaría a ser contribuyente neto en cinco o seis años. Una satisfacción y un privilegio. Máxime si el dinero se destinara, efectivamente, a ayudar al desarrollo de los países más atrasados y no a pagar subvenciones a los agricultores franceses y alemanes, los principales beneficiarios del actual esquema de financiación de la Unión Europea.
Pero había más en el artículo de Pascual Fernández; en él se decía que, según Eurostat, en estos momentos, la renta bruta de los españoles es el 97,8% del promedio de la Europa a 25. Eso, el 6 de diciembre de 2004. Sin embargo, once días antes, el 25 de noviembre de 2004, esa renta bruta era del 95,5%. Una diferencia de 2,3 puntos que, en términos políticos, significa que la negociación de la propuesta de la Comisión Europea del pasado mes de julio es mucho más complicada que hace menos de un mes. ¿Qué ha ocurrido? Hay distintas hipótesis:
1ª) El Instituto Nacional de Estadística ha revisado el PIB español. Recordarán ustedes que esta revisión tenía que haberse hecho hace varios meses, y que los expertos adelantaban que, probablemente, el PIB español se incrementaría entre 4 y 5 puntos en los últimos cinco años. Por motivos inexplicados, e inexplicables, la revisión se retrasó. Según los datos públicos de Eurostat correspondientes al 25 de noviembre de este año, de 2002 a 2003 nuestra renta bruta pasó del 94,4% al 95,5% del promedio de la Europa a 25. Once días después, el 6 de diciembre de 2004 (quizá para celebrar el aniversario de nuestra Constitución) los datos se habían modificado; habíamos pasado del 94,5% en 2002 al 97,8% en 2003. Nada menos que 3,2 puntos en un año. Un aumento que habría que distribuir entre los años anteriores; en todos se habría crecido más.
2ª) Si el INE ha revisado el PIB español, lo ha hecho sin luz ni taquígrafos y en el peor momento posible, cuando comienza una dificilísima negociación. ¿Por qué? Varias explicaciones:
a) No destruir –un poco más– la reputación de Miguel Sebastián, que ha basado toda su argumentación económica en el dato de que durante los años de gobierno del PP la productividad de la economía española sólo ha aumentado, anualmente, un 0,8% mientras en los gloriosos años del felipismo, –con un 24% de desempleo– lo hacía en el 1,8% anual.
Esta revisión significaría que la productividad de la economía española –medida por Eurostat– se aproxima a la histórica, incluida la del felipismo, aunque con 5 millones más de empleos que con la política económica del socialismo.
b) Cabe también la posibilidad de que desde la presidencia del gobierno –Miguel Sebastián nuevamente–, se aceptara el desprestigio de la equivocación, pero que se quisiera hacer la vida un poco más difícil –las relaciones parece que son, cuando menos, tirantes entre ambos organismos–, al Vicepresidente Solbes que, a los pocos días, tenía que acudir al Ecofin a defender las posiciones españolas en la negociación de los Fondos europeos para el periodo 2007-2013 y, naturalmente, con estas cifras se perdía una gran capacidad de negociación.
3ª) Cabe otra posible traición. La de los más estrechos aliados de Zapatero, Francia y Alemania, que han forzado a Eurostat a recalcular el PIB español, no en base a los datos oficiales españoles, suministrados por el Instituto Nacional de Estadística, sino en base a la estimación del propio organismo estadístico europeo, que habría podido utilizar comparaciones en términos de capacidad de poder adquisitivo. Pero, en este caso, ¿qué ha hecho Joaquín Almunia, el miembro del PSOE, compañero de Pedro Solbes, Comisario de economía de la Unión Europea, y responsable último de Eurostat? ¿Tampoco se ha enterado?
4ª) Y cabe una última. Que en una reunión de jefes y presidentes de gobierno, Zapatero aceptara, sin darse cuenta de lo que hacía. Por cansancio, por sueño, porque se había ausentado un minuto; quizá porque no le tradujeron bien. O quizás no fue a la reunión porque tenía compromisos familiares. Al margen del bochorno permanente que nos supone a los españoles la falta de educación del presidente del gobierno, en lo que se refiere a sus compromisos con el exterior, es imprescindible una explicación oficial de lo que ha ocurrido.