Que la inmensa mayoría de los grupos audiovisuales, que se oponen públicamente a la nueva ley a favor de Polanco, tratan, a su vez, de defender sus intereses, es tan obvio como legítimo. Pero lo sorprendente del motín defensivo también hace patente lo que, con escasas cuanto meritorias excepciones, no han hecho estas empresas hasta ahora: defender la libertad, simplemente la libertad, nada menos que la libertad, sin la que el derecho a crear empresas de comunicación es un mero cascarón vacío, un cuerpo sin alma, una vida sin razón de ser.
Lo que el Gobierno Zapatero pretende o pretendía es proseguir la ruta delictiva, la sucesión de prevaricaciones que con los gobiernos de González y Aznar alfombra los grandes pelotazos empresariales del Imperio Prisaico, casi nunca nacidos del esfuerzo, casi siempre fruto de jugadas de pasillo y penaltis pitados desde el despacho del árbitro. Lo chocante no es que todos los medios se hayan unido contra el Gobierno y Polanco, o viceversa, sino que no lo hayan hecho antes. Y hay una explicación: casi todos existen como fruto no del ejercicio del derecho a la libertad de expresión sino de la concesión política de licencias audiovisuales en función de los intereses del gobierno de turno. Es evidente que, mientras eso no cambie, la corrupción institucional y la falta de libertad ciudadana continuarán. Por supuesto, siempre habrá alguien que, encaramado a una empresa vieja o inventándose una nueva, defenderá en la práctica su derecho a opinar sobre lo que pasa en su país y en el mundo. Pero si Internet o los periódicos gratuitos están cambiando la faz empresarial de la prensa escrita, los dos grandes negocios del gremio, la radio y la televisión, siguen en manos de una clase política tan corrompida como corruptora. Mientras el Gobierno no sea un simple guardia de tráfico, una aduana administrativa que garantice la fluidez del tráfico de información y opinión, todo seguirá igual, es decir, todo seguirá peor.
