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Columna publicada el 08-05-2005
Rodrigo Córdoba García, Presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, no sólo difunde sus ideas sino que aspira a imponerlas mediante la coacción legal. Tal es la norma del neopuritanismo que nos invade, y al que tanto le dan los fumadores como los automovilistas o los gordos: simplemente quiere que el Gobierno los acose más y más. Don Rodrigo recurre a un argumento económico: “Por cada 1.000 toneladas de tabaco producido, la industria tabacalera ingresa 2,7 millones de dólares de beneficios, pero a los Estados y los particulares esta producción genera 30 millones de dólares en gastos sociales y sanitarios de todo tipo”.
Para el señor Córdoba García, asombrosamente, la producción sólo crea ingresos en términos de beneficios para el capital, y a cambio de tanta codicia el repugnante tabaco sólo inflige costes sobre la sociedad. De pronto, el empleo no cuenta y, por supuesto, en la industria del tabaco no se paga salario alguno a ningún trabajador. Esta notable omisión acaso se deba a un hecho ante el que no titubean tantos supuestos amigos del pueblo: prefieren ignorar que el grueso de los fumadores son trabajadores. Así, en vez de reconocer que sus políticas empobrecen a los obreros, sólo se fijan en las odiosas empresas, y quieren engañarnos pretendiendo que las medidas anti-tabaco serán sufridas y pagadas sólo por el odioso capital.
