Unas cien mil personas, entre salmantinos y gentes de toda España, se dieron cita ayer en la ciudad del Tormes para protestar por la división y traslado de una parte de los fondos del Archivo de la Guerra Civil a Cataluña. La convocatoria, acaso la más concurrida de cuantas se han celebrado en la centenaria ciudad castellana, no sólo fue un éxito sino que ha puesto de manifiesto que una buena parte de la ciudadanía está, sólo un año después, hasta la coronilla del Gobierno del 14-M. No ha sido necesario más tiempo para que Zapatero mostrase a la Nación cuáles son las cartas con las que está jugando. Un año de maniobras propias de un saltimbanqui, encaminadas a crear crispación donde no la había y a desmontar el consenso sobre el que se fraguó la Transición a la democracia hace ya un cuarto de siglo.
Dejando a un lado aspectos de suma importancia tales como el desorden en materia exterior o la imprevisión económica, la mayor amenaza que se cierne hoy día sobre nuestro país es la de la fractura de un cuerpo nacional que arrastra cinco siglos de historia. No es de extrañar por lo tanto que las consignas más coreadas en la manifestación de ayer en Salamanca tuviesen que ver con la unidad del archivo y con la de la propia Nación española. En la conciencia de muchos españoles de diferentes ideologías y sensibilidades políticas una se ha asimilado a la otra. La división del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca es un disparate desde el punto de vista técnico y una innecesaria provocación a la ciudad que, honrosamente, lo ha albergado desde su constitución como tal en 1977. No es, como repiten sin cesar los portavoces oficiosos de la Moncloa, un vestigio del franquismo, sino una institución seria que rinde sus servicios a toda la comunidad investigadora actuando de este modo como custodio de la memoria de todos. Si Zapatero ha decidido practicarle una amputación se debe a que gobierna hipotecado por un partido minoritario, secesionista y cuyo objetivo declarado es romper España, una Nación moderna, democrática y en muchos aspectos ejemplar.
Como la división del Archivo no se debe a cuestiones de orden técnico o administrativo sino que obedece a la imposición de una minoría parlamentaria que representa a tan sólo 650.000 votantes, era preciso que los salmantinos hiciesen oír su voz. Lo han hecho de un modo multitudinario, porque reunir a 100.000 manifestantes en una ciudad que cuenta con 160.000 habitantes es, literalmente, sacar a dos tercios de la ciudad a la calle. Zapatero debería tomar nota y revisar una decisión precipitada e injusta. Su ministro de Trabajo, el salmantino Jesús Caldera, debería, por su parte, tomar nota también, pero para dejar su cargo de inmediato. Hace diez años, con motivo de las movilizaciones que tuvieron lugar en Salamanca por la misma razón, Caldera, en su habitual estilo de fanfarrón ampuloso, aseguró que el único modo en que el archivo saldría de la ciudad sería por encima de su cadáver. Bravuconadas al margen, Caldera es ahora preso de sus propias palabras y, como diputado por la provincia de Salamanca, debería sin más demora hacerse cargo de la gravedad de este asunto.
